El magistrado presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa en GP, Antonio Gallegos, dio la apertura a esta oficina.
Para atender a ciudadanos que enfrentan problemas con algunas instancias gubernamentales, tales como la estatal y municipal, oficinas descentralizadas, entre otras, fueron puestas en funcionamiento las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Durango en Gómez Palacio.
Dicha oficina de Oficialía de Partes se ubica en la confluencia de avenida Bravo y calle Ocampo en el Centro de Gómez Palacio, informó Gerardo Antonio Gallegos, magistrado presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa, quien dio la apertura a esta oficina.
Con esta nueva oficialía de partes, los ciudadanos residentes en los municipios laguneros y aledaños tendrán una atención más cercana para interponer sus demandas. Del 2019 al 2020 las controversias en el TJA aumentaron un 30 % e incluso los ciudadanos tuvieron confianza en el tribunal para dirimir diferencias con autoridades y la pandemia no fue factor para disminuir los señalamientos a la autoridad por parte de los ciudadanos.
Gallegos expuso que la intención de los magistrados que integran la Junta de Gobierno es ayudar a la sociedad en general que enfrenta algún tipo de problemas con las instancias de gobierno. "Nuestro interés es que tengan una mayor accesibilidad en la recepción de demandas y de promociones, de ahí que se haya decidido instalar esta oficialía de partes en Gómez Palacio para que sea receptora de todas las inquietudes, peticiones y demandas de toda la región Lagunera de Durango y municipios aledaños que mayormente son demandados, porque al tener contacto con la sociedad, algunas veces violentan los derechos del ciudadano", dijo.
Por lo anterior, el funcionario informó que desde el miércoles pasado los ciudadanos ya pueden acudir a esta oficina a presentar sus escritos, demandas y reclamaciones, donde se les brindará la atención. El magistrado explicó que se trata de demandas que tienen que ver con actos de autoridad, sobre todo en el caso municipal, con finanzas, de seguridad, vialidad e incluso de agua, inspectores y contra todo ese tipo de actos que lesionen al ciudadano.
Finalmente, Gallegos Isáis comentó que en lo que compete al proceso de respuestas y sanciones aplicables, serán los magistrados quienes actúen al respecto, de acuerdo a la magnitud del problema.
