La Ley Orgánica de la FGR previó esta base de datos para acopiar la información genética.
Las 32 Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país aprobaron finalmente el proyecto para implementar la Base Nacional de Información Genética, prevista desde hace dos años en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
Rubén Vasconcelos Méndez, vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), informó que durante una asamblea de dicho organismo, los fiscales y procuradores dieron el visto bueno a los requisitos para echar a andar esta base de datos.
"Quienes integramos la CNPJ nos apegamos a los lineamientos generales para la instalación y funcionamiento de la Base Nacional de Información Genética, al anexo técnico que establece los requerimientos para la implementación, y a las normas técnicas relativas a los marcadores genéticos para el ingreso a la Base Nacional", dijo en conferencia virtual.
"En ese sentido, aprobamos el inicio del proyecto presentado por la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR, para la implementación total de la Base Nacional de Información Genética".
La Ley Orgánica de la FGR, publicada el 14 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, previó esta base de datos para acopiar la información genética proporcionada por víctimas o familiares de personas desaparecidas.
Esta norma facultó a la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR (antes Agencia de Investigación Criminal) para crear, expedir lineamientos e instaurar dicho banco de información en un plazo de 18 meses.
Los lineamientos fueron emitidos el 6 de agosto pasado por Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Métodos de Investigación de la FGR; sin embargo, es hasta ahora que todas las fiscalías y procuradurías del país le dan su visto bueno para echar a andar este instrumento.
Vasconcelos Méndez dijo en la videoconferencia que otros acuerdos alcanzados en la asamblea celebrada ayer fueron establecer un mecanismo de colaboración entre las partes involucradas para mejorar las puestas a disposición de detenidos y la presentación del Informe Policial Homologado.
También acordaron que la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la FGR, junto con la Fiscalía de Derechos Humanos, realicen un compendio de las mejores prácticas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos de los detenidos y para prevenir la tortura.
El vocero de la CNPJ y también Fiscal de Oaxaca expuso que otro de los acuerdos fue establecer un sistema de registro de resoluciones jurisdiccionales, para coadyuvar con el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales locales en la homologación de sus criterios de resolución "y con ello mejorar la calidad del acceso a la justicia".
