Se aseguró que a través del Congreso Local habrá un seguimiento al caso de la doctora detenida. (ESPECIAL)
Diputados locales de los distintos partidos políticos en el Congreso del Estado se pronunciaron en torno al caso de la doctora Azucena "N".
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Sandra Amaya, consideró que aún quedan múltiples interrogantes sobre el actuar de la Fiscalía General del Estado y cuestionó el debido proceso.
Asimismo, demandó la destitución de la titular de la Fiscalía General del Estado, Ruth Medina Alemán.
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Esteban Villegas Villarreal, enfatizó en la necesidad de llevar este proceso con transparencia, para que no queden dudas en la ciudadanía duranguense.
El legislador Iván Gurrola consideró que en Durango se vive un Estado fallido, ante "este tipo de abusos" que preocupan a los duranguenses y a los mexicanos, al ser un caso que se difundió a nivel nacional e inclusive internacional.
Por su parte José Antonio Ochoa, consideró necesario que se aclare el asunto frente al Congreso por lo que dijo que se llamaría a la Fiscal a comparecer en la Comisión de Justicia, así como al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, por lo que pidió no adelantar juicios, hasta que se sepa con certeza que fue realmente lo que ocurrió.
DENUNCIA LLEGA A SAN LÁZARO
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Unión hizo una denuncia pública, en rueda de prensa virtual, en torno al caso de la doctora Azucena.
Se hizo referencia a que, a finales de noviembre, ingresó el magistrado Héctor Enmanuel Silva Delfín al hospital del IMSS de Durango, momento desde el cual fue atendido por tres doctores de lunes a viernes y otros más el sábado y domingo.
Asimismo, se expuso que en el momento en que empezó a tener problemas con la saturación de oxígeno, estaba acompañado por su hermana.
"En ese momento el paciente estaba acompañado por su hermana, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, quien a su vez es delegada del Seguro Social en Tamaulipas, ella que lo acompañaba, de hecho estaba protegida con el equipo reglamentario", dijo el diputado federal por Zacatecas, Alfredo Femat.
Expuso que la hermana del magistrado reclamó por qué había estado el paciente solo un momento, a lo que la doctora en turno, que era la doctora Azucena, le explicó que tenía que ponerse primero el equipo y buscar los medicamentos por la condición de saturación del magistrado.
El legislador enfatizó que es comprensible la preocupación de los familiares en una situación de COVID-19, pero lamentó el actuar en este caso.
Dijo conocer a la doctora Azucena desde niña ya que era su vecina y expuso que cuando se retiró de su turno dejó al paciente estable pero se dice que el sábado entró una persona con el traje reglamentario y se sospecha que era una mujer que presuntamente intentó asesinar al magistrado.
El lunes cuando la doctora que se presentó a su turno le comentaron sus compañeros que la querían inculpar. Para esto, el domingo ya habían trasladado al magistrado a Mazatlán.
"El lunes por la noche cuando la doctora Azucena abandona su turno y va rumbo a su casa fue secuestrada por elementos de la Fiscalía General de Durango, la llevaron a una casa que se supone que fue de seguridad y ahí la interrogaron sobre el paciente, la torturaron psicológica y físicamente y le comentaron que si no firmaba la declaración de que ella intentó asesinar al magistrado matarían a su hija y a su esposo".
Ella firmó la declaración e hicieron un video para posteriormente llevarla al Cereso y después la liberaron, "pero ella está amenazada de muerte", advirtió el legislador.
Ante ello, consideró una arbitrariedad lo que ocurrió por lo que pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso al considerar que no hay condiciones en Durango. "Hacemos responsable a la Fiscal de Durango Ruth Medina Alemán y a sus gorilas vestidos de policías (sic) de cualquier cosa que le pueda pasar a la doctora", agregó.
Asimismo, los legisladores del PT llamaron al titular del IMSS a investigar a la delegada del instituto en Tamaulipas.
VIOLACIÓN A DH
La privación indebida de la libertad de la doctora Azucena, ya representa una violación a los derechos humanos, señaló Gustavo Gamero Luna, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados capítulo Durango.
"Nosotros lo que pedimos en este caso es que las cosas se hagan de manera transparente y que no haya violación a los derechos humanos, como sentimos que se ha hecho", manifestó.
Dijo que hay interés por la integridad de su compañero abogado, ya que el magistrado que presuntamente fue víctima de un atentado, es parte del foro jurídico.
También se pide que la investigación se haga de forma correcta, y si hay delito, que todo se integre a la carpeta, para que quede justificado.
"Queremos que se aplique todo el peso de la ley para quien realmente sea responsable", resaltó.
