El alcalde de Madero ha promovido el dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) abrió una investigación de oficio y emitió medidas cautelares para solicitar al alcalde de Francisco I. Madero Jonathan Ávalos Rodríguez que omitiera la entrega de las mil dosis de dióxido de cloro que había anunciado para tratar el COVID-19 en tanto que dicho organismo no se pronuncie de forma definitiva toda vez que haya observado el desarrollo de los hechos.
El presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, dijo que lo anterior se hizo con base en tres oficios emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las Secretarías de Salud federal y estatal referentes a que no hay evidencia científica que determine que el uso de dicha sustancia sea para prevenir o tratar diversas enfermedades, entre ellas el SARS-CoV-2.
"Mientras que las autoridades sanitarias que se encargan de autorizar el uso de fármacos no se pronuncie en ese sentido, me parece que no se debe ser recomendado por las autoridades y tampoco debe ser suministrado. Las instancias internacionales autorizadas en todo caso pues tendría que ser la Organización Mundial de la Salud, el consumo de esta sustancia no es de ninguna suerte un medicamento para poder sanar en caso de contagio o para prevenirlo", apuntó.
Morales Valdés indicó que por el hecho de consumir esta sustancia algunas personas creen que el uso del dióxido de cloro puede ser sustitutivo de algún otro fármaco en caso de contagio de SARS-CoV-2 además de que dicha sustancia no cuenta con registro sanitario e incluso ha agravado la salud de los enfermos de COVID-19 que lo han consumido en otras partes del mundo.
Recientemente, El Siglo de Torreón informó que el alcalde de Francisco I. Madero y autoridades del Gobierno de Coahuila se enfrascaron en declaraciones y advertencias después de que el edil morenista anunciara que dispondría a la población de dosis de dióxido de cloro para combatir el coronavirus.
El gobernador del estado Miguel Riquelme anunció que enviarían un oficio "claro y contundente" al presidente municipal para explicarle las sanciones a las que podría hacerse acreedor en tanto que el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez indicó que si están facultados para penalizar o aplicar sanciones administrativas a quienes promuevan dicha sustancia.
Pese a ello, el alcalde aseguró que no dejaría de ofrecer el dióxido de cloro como un tratamiento alternativo y voluntario, por lo que estaba dispuesto a enfrentar repercusiones legales.
