La SFP emprendió acciones contra 23 empresas del sector.
A partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó mediante oficio a los tres principales distribuidores de medicamentos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emprendió acciones contra 23 empresas del sector.
Actualmente, ese grupo de empresas suma multas por 34.2 millones de pesos, además de que fueron inhabilitadas por periodos que van de 24 a 45 meses para participar en procesos de contratación realizados por el Gobierno federal o bien por estados y municipios cuando la adquisición se haga con recursos federales.
Entre las empresas sancionadas se encuentran dos de las principales distribuidoras de medicamentos a las que, en abril del año pasado, el Presidente acusó de acaparar el mercado.
La primera es Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., que todavía en 2019 y, pese al veto, fue la empresa que más vendió al Gobierno, con un monto de 17 mil 619.3 millones de pesos.
Esta compañía fue sancionada el 18 de julio de 2019 con una multa de 905 mil 880 pesos y una inhabilitación de dos años.
La segunda es Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), que el año pasado obtuvo contratos por 7 mil 801.3 millones de pesos.
Fue sancionada el pasado 21 de octubre con una multa de un millón 170 mil pesos y una inhabilitación de 30 meses por presuntamente haber presentado información falsa en un contrato con el IMSS en 2017.
La tercera empresa vetada por AMLO, Farmacéuticos Maypo, que el año pasado obtuvo contratos por 7 mil 724.2 millones de pesos, aún no ha sido sancionada, sin embargo, la SFP tiene abiertos en su contra cinco procedimientos administrativos.
Otra empresa importante es Laboratorios Pisa que, entre otras cosas, distribuye los insumos para diálisis y hemodiálisis de pacientes del IMSS, y que en 2019 se hizo de contratos por 2 mil 125.3 millones de pesos.
La semana pasada, la SFP informó que la sancionó, al igual que a su distribuidora Dimesa, con una multa de un millón 170 mil pesos y una inhabilitación de 30 meses por presuntamente haber presentado información falsa en el mismo contrato con el IMSS de 2017.
