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Compra de votos ya implica prisión: Fiscalía en Delitos Electorales

Se han abierto 10 carpetas de investigación en este proceso electoral

Se han abierto 10 carpetas de investigación en este proceso electoral. (ESPECIAL)

Se han abierto 10 carpetas de investigación en este proceso electoral. (ESPECIAL)

FABIOLA P. CANEDO

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha abierto 10 carpetas de investigación en este proceso electoral, principalmente por solicitar votos por paga, alteración del Registro Federal de Electores y en el caso de servidores públicos que destinan de manera ilegal fondos en apoyo a un candidato o partido.

En su conferencia magistral “¿Qué hacer ante un delito electoral el día de las elecciones?”, el director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gerardo García Marroquín, informó que en los últimos cuatro procesos electorales de Coahuila, se han recibido 103 carpetas de investigación, 92 de las cuales, fueron en las elecciones de 2016-2017, 10 se han registrado en las de este año por diversas conductas que se han denunciado como delitos electorales.

Señaló que en los últimos cinco años se han integrado 20 carpetas por solicitar votos por paga; 14 porque un servidor público destine, utilice o permita de manera ilegal fondos en apoyo a un candidato o partido político; 13 han sido por condicionamiento de programas sociales.

Refirió que los delitos más comunes durante un proceso electoral son utilizar bienes o servicio públicos en una campaña; condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales; comprar o coaccionar el voto por servidores públicos; intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas; rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las elecciones.

Otros delitos frecuentes son destruir o dañar material electoral; incumplir obligaciones de rendición de cuentas; publicar encuestas fuera de tiempos autorizados (durante la veda electoral); inducir el voto siendo ministro de culto; alterar los datos de la credencial para votar.

García Marroquín dijo que la compra de votos ha adquirido mayor gravedad en las últimas reformas legislativas, por lo que ya es un delito que implica prisión.

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