El ministro de Defensa intentó bloquear las inspecciones bajo diversos argumentos. (EFE)
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dio respaldo constitucional al juez del caso por la masacre de El Mozote, perpetrada por el Ejército en 1981, al rechazar un amparo del ministro de Defensa, René Merino Monroy, que buscaba frenar la inspección de archivos militares.
La decisión de la Sala se conoce el mismo día en que el Ejército de El Salvador bloqueó por segunda vez una diligencia judicial para la búsqueda de los archivos militares relacionados con la masacre de mil campesinos en El Mozote en 1981, bajo el argumento que en el sitio se encuentran documentos secretos.
El ministro de Defensa, que desliga al Ejército de la búsqueda de Justicia por la matanza, intentó con un recurso que los jueces constitucionales suspendieran las inspecciones bajo el argumento que atentan contra los principios constitucionales de seguridad jurídica y de legalidad.
El principal argumento de Merino es que la Constitución prohíbe la revelación de planes secretos, al mencionar un artículo que se refiere a la Asamblea Legislativa.
"No se advierte la supuesta vulneración a los derechos constitucionales que se ha alegado, sino una mera disconformidad con la orden de inspección con intervención de ciertos archivos militares de la Fuerza Armada", señalaron los magistrados en su fallo emitido el 9 de octubre y dado a conocer este lunes.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, en el marco de la guerra interna, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
Merino se opone a la inspección de los archivos, con la que se busca verificar la autenticidad de documentos incluidos en el proceso, y la revisión de la hoja de servicios de los distintos oficiales que integraban el alto mando al momento de la matanza.
La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.
JURISPRUDENCIA PARA INSPECCIONAR ARCHIVOS
Con su recurso, en lugar de lograr bloquear la diligencia judicial por una vía legal, el ministro de Defensa consiguió que los jueces constitucionales, que no pueden actuar de oficio, crearan jurisprudencia constitucional que respalde la inspección de archivos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Y ese mismo fallo podría ser citado en otros procesos para solicitar la inspección de archivos militares.
Los jueces señalaron, además, que el argumento de que son archivos de planes secretos "no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época".
"En ese sentido, el acceso a dichos registros, más que ser una conducta delictiva -como pretende hacerlo ver la parte actora-, constituye el cumplimiento de una orden judicial concreta" y "obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutivo de delito", advirtieron.
El juez de la causa, Jorge Guzmán, se presentó este lunes en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea para tratar de inspeccionar los archivos en compañía de fiscales, peritos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y abogados de las víctimas.
Pero el Ejército bloqueó la inspección bajo el argumento que en el sitio se encuentran archivos secretos.
El primer bloqueo se dio el pasado 21 de septiembre en la sede el Estado Mayor en San Salvador y se espera que ocurra nuevamente el martes en una unidad militar en la central localidad de San Luis Talpa.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de lesa humanidad y en el proceso, en etapa de instrucción, han declarado unos 40 testigos.
