Fue el 3 de agosto cuando abrieron de nuevo los juzgados en Gómez Palacio y en toda la entidad.
Trabajadores del Poder Judicial, quienes solicitaron el anonimato, expresaron su preocupación porque ha habido varios enfermos de COVID-19 en el edificio ubicado frente a la plaza principal en Gómez Palacio y no se han aplicado protocolos inmediatos para contener el brote. Además, algunos empleados han manifestado tener sospecha de estar infectados pero mientras les dan el resultado de la prueba, tienen que seguir presentándose a laborar.
Adicionalmente, la mayoría de los jueces forman parte de la población vulnerable, por lo que han pedido poder laborar a distancia sin que hasta el momento se haya resuelto favorablemente esta petición.
"Andan todos medio molestos porque una persona de Sistemas que acudió a una fiesta familiar dio positivo al COVID-19 y se anduvo paseando en todas las oficinas y sabemos que ya hay personal que está enfermo, entre ellos un magistrado...Creo que deberían de mandar a los casos sospechosos a sus casas", dijo un trabajador del Poder Judicial.
Fue el pasado 3 de agosto que abrieron de nuevo los juzgados en Gómez Palacio y en todo el estado después de la suspensión por la pandemia, no obstante se había anunciado que sería en estricto apego a los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, emitidos por el Consejo de la Judicatura.
En Gómez Palacio se cuenta con tres sedes: el Palacio de Justicia, el edificio del Consejo de la Judicatura y el juzgado del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. También hay juzgados foráneos de Lerdo. En total, el Poder Judicial del Estado cuenta con 30 sedes.
Todos estos edificios fueron desinfectados al inicio de las actividades y se instalaron filtros sanitarios en los accesos, marcadores de sana distancia y barreras de acrílico transparente en las áreas de atención al público. Además se disponen en todas las oficinas de gel antibacterial y material para desinfectar herramientas de trabajo.
La queja que han manifestado los trabajadores del Poder Judicial es en cuanto al criterio aplicado para que los casos sospechosos no diseminen el virus mientras tienen la comprobación de la enfermedad mediante la prueba que pagan por su cuenta; además de que no han tenido respuesta favorable a la petición de los jueces que, por su edad o enfermedades, forman parte de los grupos vulnerables.
También piden la aplicación de pruebas periódicas sin costo para los empleados, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, para garantizar que el servicio siga prestándose a la población.
Actualmente en atención a la participación con los trámites de carácter jurisdiccional referente a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo, deben llevar preferencia en las actuaciones para su rápido desahogo y menor permanecía en la diligencia.
No obstante, los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos son quienes establecen el número mínimo de personas al interior de sus instalaciones, de acuerdo a las características y señalización que correspondan así como a la diligencia de que se trate.
Son en total 1,157 trabajadores los que conforman la plantilla laboral del Poder Judicial del Estado quienes realizaron los cursos virtuales de capacitación "Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19" y "Todo sobre la prevención del COVID-19", y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado verificó que se cuentan con todas las medidas de seguridad.
No obstante, el Consejo de la Judicatura, a través de de la Comisión de Seguridad e Higiene del Poder Judicial del Estado de Durango, es responsable de supervisar el cumplimiento de las medidas conforme a los protocolos de prevención del COVID-19.
