El giro podría dañar el caso contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami (foto). (ARCHIVO)
Un informante clave en un caso contra uno de los colaboradores más cercanos del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de mentirle a los encargados de hacer cumplir la ley, en un caso que involucra millones de dólares que fueron transportados en aviones privados en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de acuerdo con información a la que tuvo acceso The Associated Press.
El giro podría dañar el caso contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami -a quien Estados Unidos considera como uno de los intermediarios del poder más corruptos de Venezuela-, y darle oxígeno a las afirmaciones de la élite socialista de la nación en torno a que los estadounidenses están recurriendo a acusaciones inventadas para tratar de lograr su objetivo de un cambio de régimen.
También se produce luego de que se dieron a conocer revelaciones vergonzosas en otro caso de violación a las sanciones estadounidenses, en el que un juez federal vilipendió a la misma unidad de fiscales de Manhattan que tienen en la mira a El Aissami por retener información exculpatoria sobre un empresario iraní que es visto como la conexión en las crecientes relaciones entre la República Islámica y Venezuela.
Alejandro Marín, piloto y empresario nacido en Venezuela, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami bajo tres cargos de haber realizado conscientemente declaraciones falsas a los agentes federales de Estados Unidos, de acuerdo con documentos entregados a los tribunales.
Una declaración jurada que estaba junto con la orden de arresto del 4 de septiembre no menciona a Venezuela ni a El Aissami.
Sin embargo, acusa a Marín de mentir sobre el equivalente a 140,000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1.3 millones de euros en efectivo que él transportó en un avión privado a Estados Unidos en julio de 2018 bajo órdenes de las autoridades federales.
Marín, de 46 años, opera un negocio de vuelos chárter en el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, Florida. Fue registrado como fuente confidencial para ayudar a investigar al entonces vicepresidente El Aissami y a su supuesto testaferro, el empresario Samark López, de acuerdo con una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato para discutir la pesquisa en curso.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump etiquetó a los dos hombres como narcotraficantes en 2017, incautándoles cientos de millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos, así como dos yates, un avión privado y una residencia en Miami. Todo ello, aseguró, fueron resultado de las ganancias ilícitas de los envíos de cocaína a los cárteles mexicanos que estuvieron coordinados al más alto nivel del gobierno y ejército venezolanos.
Posteriormente los acusó de haber violado esas mismas sanciones luego de que supuestamente utilizaron compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aeronaves registradas como estadounidenses hacia Rusia, Turquía y Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro de 2018, que la oposición boicoteó en medio de acusaciones de fraude y manipulación de votos.
Ambos hombres están en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Los dos han negado haber cometido alguna acción ilegal y López ha apelado sin éxito a la Corte Suprema para tratar de impedir que las víctimas de secuestro de los rebeldes colombianos se apoderen de una parte de los 318 millones de dólares de activos congelados en Estados Unidos, luego de ser etiquetados como "narcotraficantes" por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
