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Gobierno peruano pide suspender proceso de destitución de Martín Vizcarra

Fue iniciado por 'incapacidad moral'

El procurador del Ministerio de Justicia peruano, Luis Huerta, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender el proceso de destitución contra el mandatario Martín Vizcarra (foto) iniciado el pasado viernes por el Congreso de Perú por 'incapacidad moral'. (ARCHIVO)

El procurador del Ministerio de Justicia peruano, Luis Huerta, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender el proceso de destitución contra el mandatario Martín Vizcarra (foto) iniciado el pasado viernes por el Congreso de Perú por 'incapacidad moral'. (ARCHIVO)

EFE

El procurador del Ministerio de Justicia peruano, Luis Huerta, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender el proceso de destitución contra el mandatario Martín Vizcarra iniciado el pasado viernes por el Congreso de Perú por "incapacidad moral".

Después de ingresar los documentos en el TC, Huerta explicó a la prensa que la demanda busca que "se pronuncie sobre la materia jurídica para todos los siguientes gobiernos" en el país, para que tengan la seguridad de que "en los cinco años de gestión puedan desarrollar sus actividades sin la amenaza de una vacancia (destitución) arbitraria por incapacidad moral".

El mandatario peruano ha sido señalado por el Parlamento de haber pretendido ocultar la contratación irregular de un singular personaje, el cantante Richard "Swing" Cisneros, en coordinación con su entorno más cercano en Palacio de Gobierno, a raíz de unos audios difundidos por la comisión de Fiscalización.

Cisneros se jactaba de su cercanía con Vizcarra en esos audios y coordinaba con sus asistentes las visitas que le hizo a Palacio, pero ahora niega todo y atribuye su caso a un complot contra la Presidencia.

RECURSO EXPRÉS

El procurador dijo que la medida cautelar presentada ante el TC pretende además la suspensión del procedimiento aprobado por el Congreso, para debatir la destitución de Vizcarra el próximo viernes 18, hasta que se resuelva la medida cautelar "en el más breve plazo".

Huerta argumentó que la moción de vacancia representa "un uso indebido del Congreso a este mecanismo que está siendo utilizado como una forma de control político", cuando esa medida no tiene esa finalidad constitucional.

Este paso evitaría que Vizcarra o su representante legal tengan que presentarse en el Congreso a dar explicaciones sobre el caso.

MOCIÓN PIERDE FUERZA

Por otro lado, el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, el principal impulsor del juicio político expresó que "no hay ninguna intención de querer el sillón presidencial", al ser consultado sobre el procedimiento en el Legislativo iniciado a partir de los audios que difundió él mismo pasado jueves.

"Lo único que queremos nosotros es que el país no se detenga en esta situación de emergencia, que se mantenga la gobernabilidad y esto nos va a llevar a que si viene el presidente el día viernes y explica ante el Congreso de la República, tomaremos la mejor decisión", afirmó.

Sin embargo, distintos sectores políticos en el Parlamento y analistas cuestionan ahora que el titular del Congreso, Manuel Merino, haya intentado comunicarse con las fuerzas armadas antes de iniciar el proceso de destitución y les haya hecho un llamado público a confiar en sus acciones.

DEJAN SOLO A TITULAR DEL CONGRESO

El legislador opositor Daniel Urresti declaró este lunes que "Merino ha sido tan irresponsable que justamente ha dado lugar a que se hable de complot, de sedición".

"A todos nos ha sorprendido. Ha sido un error gravísimo que ha desacreditado al Congreso y ha desinflado esta admisión a trámite de la moción de vacancia", manifestó.

La bancada del Partido Morado ha pedido este lunes la reconsideración de la votación en la cual se aprobó el proceso de vacancia contra Vizcarra, que consideraba la asistencia del jefe de Estado ante el pleno para presentar su defensa antes del debate de la destitución.

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