La familia había tocado puertas en edificios de justicia, corporaciones policiacas e institutos de ciencias forenses locales. En todos lados preguntaban por su hijo, un joven que trabajaba en un taller y tenía una hija de un año, pero nadie les hacía caso. (ARCHIVO)
En enero de 2012, tres meses después de que Cristian Daniel Mundo Vallejo, de 18 años, desapareció en Piedras Negras —en el norte de Coahuila—, su mamá, Lorena Vallejo, su esposo y nuera llegaron al servicio forense de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, a casi 430 kilómetros de donde lo vieron por última vez.
La familia había tocado puertas en edificios de justicia, corporaciones policiacas e institutos de ciencias forenses locales. En todos lados preguntaban por su hijo, un joven que trabajaba en un taller y tenía una hija de un año, pero nadie les hacía caso.
Con foto en mano arribaron a la procuraduría, donde les aseguraron que reconocían al muchacho. Cristian Daniel había muerto a balazos.
"Quédese con el recuerdo, porque con los impactos lo desgarraron", le dijeron a Lorena. Así que su nuera miró fotografías para identificarlo. Minutos después salió llorando. Había confirmado la identificación.
"Tiene 10 días que lo sepultaron en la fosa", informaron los funcionarios. En la dependencia les entregaron documentos en los que confirmaban la identificación y la dirigieron con salubridad del estado para que pudieran exhumar el cuerpo.
Diez días después, Lorena se topó con el argumento de que no podían inhumarlo: "Lo sepultamos con 10 personas más y no es tiempo para sacarlo. Tiene que esperar cinco años", argumentaron los funcionarios de salubridad, como si le hubieran azotado una puerta en la nariz.
Lorena pidió apoyo a la PGR, pero le dijeron que no podían hacer nada, que ellos ya habían dado la orden.
Los funcionarios federales la llevaron al panteón La Paz, en Saltillo, y le señalaron la fosa donde habían enterrado a su hijo. A partir de ese momento, comenzó su calvario.
Cada que podía, Lorena viajaba desde Piedras Negras al panteón de la capital. Tomaba un camión a las 23:00 horas y llegaba a las 6:00 de la mañana del otro día. Después de un rato, se regresaba entre lágrimas de desesperación. Así aguantó casi siete años.
Las autoridades de Coahuila la traían a vuelta y vuelta. Le decían que no podían exhumarlo porque ya había 30 cadáveres. Luego... que ya había 40.
La desesperación de no tener el cuerpo de su hijo le taladraba la cabeza. Hasta que, en agosto del año pasado, hizo un plantón en el panteón.
Fue hasta entonces que las autoridades de Coahuila le informaron que harían la inhumación como parte del Plan Estatal de Exhumaciones que inició en noviembre de 2017, y que establece por decreto los trabajos para la recuperación forense.
La espera de la exhumación
Casi un mes duró la exhumación porque la fosa tenía casi 5 metros de profundidad. "Empezaron por un lado equivocado", recuerda Lorena, pues, de tanto ir, la conocía a la perfección.
La exhumación comenzó en noviembre y terminó en diciembre de 2019. Después siguieron los protocolos de identificación. Todos los días, Lorena hablaba para tener información: "Fue un martirio", asegura.
El viernes 14 de agosto de este año, después de más de ocho años de haberlo identificado en fotografías, le entregaron los restos de su hijo. Pero durante la exhumación sacaron 50 cuerpos o, al menos, sus "indicios". Todos en la misma fosa.
La interrogante —cuestiona Ariana García Bosque, asesora y representante legal de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras— es cuál será el procedimiento para la conclusión de identificación y entrega de los restos de esos cuerpos.
Para Silvia Ortiz, representante del Grupo Vida en Torreón (mamá de Fanny Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre de 2004), "las autoridades ya agarraron de excusa el Covid para no trabajar".
Refiere que se enfrentan a un problema por la mala organización de los registros e inhumaciones de cuerpos no identificados durante años atrás, pues las autoridades están descubriendo que en las fosas comunes en las que pensaban que había cierto número de cadáveres, resulta que encuentran más.
"No hubo control de una inhumación correcta, por eso el descontrol y el no saber que [el cuerpo esté enterrado] en donde dicen. Es una doble desaparición", comenta Ortiz.
El desorden
José Ángel Herrera, fiscal para Personas Desaparecidas en Coahuila, comenta que se formó un equipo interdisciplinario con expertos internacionales para proponer un plan para agilizar las exhumaciones.
Herrera dice que es necesario que el equipo acuda físicamente a cada panteón para verificar el estatus y prospección de lo que enfrentarán en la planeación.
Ejemplifica que el registro puede decir que existen 30 fosas individuales comunes, pero en la prospección de campo resulta que son 40 o 50, de lo cual responsabiliza a los administradores de los panteones.
Sin embargo, la misma Fiscalía General ha cambiado la cifra de no identificados registrada en los últimos años: hace dos, eran 498; después, 600; luego, 745.
En respuesta a una solicitud de información, refirió que la cifra es de 889 cuerpos no identificados desde 2006.
María de la Luz Castruita, del colectivo Voz que clama justicia por desaparecidos, refiere que la esperanza está puesta en el Centro de Identificación Humana. Considera que antes de seguir con las exhumaciones, se tiene que aterrizar dicho centro.
"No hay quien trabaje esto, salen más cuerpos que los que se supone que hay. Que den agilidad al Centro de Identificación, ya nos urge la identificación de tanto resto [humano]", afirma.
Ariana García explica que el Centro de Identificación Humana resguardará todas las pruebas biológicas y restos humanos a efecto de que, el día de mañana que llegue un familiar, sea más fácil y no se empiece nuevamente un proceso de exhumación. "Que las familias no vuelvan a pasar por esto porque se corre el riesgo de la victimización", considera la activista.
El centro contará con depósito de huesos, laboratorio de genética, cuartos fríos para la conservación y resguardo de cadáveres, así como más de 700 nichos para el resguardo temporal de restos humanos con tejido.
María Elena Salazar de Fuundec, menciona que todavía no queda claro cómo funcionará el lugar, pese a que reconoce que son instalaciones de primer nivel: "No queda claro quién va a estar al frente, quién lo va a manejar. Necesitamos saber [de] las familias para identificar todo lo que se ha encontrado".
Lorena Vallejo, quien recientemente recuperó los restos de su hijo, dice que es triste ver tanta fosa común que no tienen ni una cruz. Sin embargo, ella luchó por llevarle a su nieta, quien ahora tiene ocho años, el cuerpo de su padre.
