Fue el 6 de octubre de 2017 un juez federal ordenó la aprehensión de los cuatro imputados.
Un tribunal federal ordenó resolver nuevamente si José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa deben o no continuar procesados por delincuencia organizada y lavado de dinero en la compra de 31 inmuebles, porque en el juicio no les informaron la identidad de dos testigos protegidos que declaran contra ambos.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca les otorgó un amparo que cancela la formal prisión del único juicio vigente en su contra porque estimó que les violaron su derecho de defensa y de debido proceso al no ser informados de la identidad de los testigos con nombres clave "X" y "Mateo".
Este último testigo, según constancias de otros procesos, es Sergio Villarreal "El Grande", operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quien fue extraditado a Estados Unidos y también es colaborador del Departamento de Justicia del país vecino.
De acuerdo con el tribunal, el expediente debe ser devuelto a Enrique Vázquez Pérez, Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, para que reponga el procedimiento y tome otra vez la declaración preparatoria de Abarca y Pineda Villa.
En esta nueva diligencia, se deberá informar la identidad de los testigos protegidos y tendrá que ser resuelta nuevamente su situación jurídica.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en este expediente a Abarca, exalcalde de Iguala, y Pineda Villa, así como la hermana del primero, Rosalía Abarca Velázquez, y su marido Cirilo Lara Brito, de pertenecer a la organización criminal de Guerreros Unidos y lavar dinero en la compra de los inmuebles.
Es por ello que el 6 de octubre de 2017 un juez federal ordenó la aprehensión de los cuatro imputados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, así como de defraudación fiscal en el caso de los dos últimos.
Según la causa penal 12/2017, en el 2011 la pareja adquirió dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por un millón 52 mil 814 pesos.
Los 31 inmuebles tienen un valor total de 8 millones 330 mil 878.91 pesos, aunque el precio corresponde al registrado en el catastro, por lo general menor al comercial.
Abarca y Pineda Villa fueron detenidos por la Policía Federal el 4 de noviembre de 2014 en una casa de la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El primero fue internado en el Penal del Altiplano y ella en el Federal Femenil de Amacuzac, Morelos.
De acuerdo con fuentes allegadas a su defensa, a pesar de que la última orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado les fue librada desde 2017 y estaban en la cárcel, fue hasta el 2019 cuando la FGR les cumplimentó el mandamiento judicial.
El 11 de marzo y 5 de diciembre de 2019 un juez dictó la formal prisión a Pineda Villa y Abarca, respectivamente, por este asunto.
El exalcalde ya libró desde el 2018 la acusación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al igual que su esposa, el exedil ha librado otros tres juicios y hoy lo único que los mantiene en la cárcel es este proceso relacionado con los 31 inmuebles. Si el juez determina en los próximos días que el caso carece de indicios para sujetarlos a proceso, Abarca y Pineda Villa quedarán en libertad.
