Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio durante el operativo de Revisión y Sobriedad en GP.
Por una serie de irregularidades en la detención de su hijo durante el operativo de Revisión y Sobriedad (Alcoholímetro), quien presuntamente conducía en estado de ebriedad, un ciudadano exige respuestas a la autoridad municipal sin tener hasta el momento respuesta alguna.
El hecho, según manifestó Iván Cortés, padre del afectado, se registró el 18 de julio. Su hijo viajaba con tres menores y su hermana, por el bulevar Ejército Mexicano, alrededor de las 23:40 horas, cuando pasaron por el puesto de revisión. En el lugar, los agentes determinaron que conducía en tercer grado de ebriedad, por lo que le fue retirada la unidad y fue remitido a la ergástula municipal.
Cortés señaló que tanto su hija como sus tres nietos se quedaron en medio de la vialidad poco después de la medianoche, "bajan a mi hija y a mis nietos en el periférico, cosa totalmente irregular, porque supuestamente los operativos antialcoholes son para proteger a las familias".
De acuerdo con la versión de su hijo, los agentes le pidieron 5 mil pesos para dejarlo ir, a lo cual se negó por lo que fue detenido, "¿De dónde se los pago?, dijo mi hijo".
Al llegar a la ergástula municipal, el hijo de Cortés pidió al médico legista que le practicara una nueva prueba de alcoholimetría, a lo cual se negó, argumentando que se le había practicado una en el operativo.
Después de varias horas de negociar, se entregó al juez 2 mil pesos para otorgarle la libertad, sin que se le otorgara recibo alguno.
Ante lo sucedido, se presentó una queja ante la contraloría municipal, relatando los hechos. El afectado comentó que cuenta con los videos de seguridad de la vivienda donde se demuestra que no se encontraba en estado inconveniente.
Al no obtener respuesta, se envió un documento relatando lo sucedido a la dirección de Atención Ciudadana, con fecha de recibido del 28 de julio. Hasta el momento ninguna instancia municipal ha dado respuesta a su queja.
La unidad todavía no se ha podido recuperar debido al cobro, pues de arrastre se pide que se cubran 2,500 pesos más 80 pesos diarios de corralón.
Además de denunciar su caso, Cortés busca que más casos como el suyo se ventilen para así evitar más abusos por parte de la autoridad.
