Prohibirán venta de comida 'chatarra' a los niños.
Ayer miércoles Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en legislar en contra de la venta directa de "alimentos chatarra" a menores de edad, una iniciativa que busca atender la "epidemia de obesidad" que vive la infancia en México y que fue propuesta por el grupo parlamentario de Morena. Con 31 votos a favor, los integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron la adhesión del Artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se prohíbe la venta directa a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.
La iniciativa propuesta por la diputada morenista Magaly López Domínguez, contó con el respaldo del grupo parlamentario de ese partido así como de los legisladores del PT, mientras que se encontró con la oposición de los diputados priistas. De acuerdo con López Domínguez está iniciativa busca que sean los padres de familia quienes decidan si sus hijos deben consumir estos productos, y aseguró que la medida es similar a la prohibición de vender cigarros y alcohol a menores de edad.
Respecto a las críticas de sectores empresariales, sobre que lacera la economía oaxaqueña ya lastimada por la pandemia, la diputada rechazó que sea una medida punitiva y acusó que los empresarios han mal informado a los pequeños comerciantes. "Tenemos que poner un freno a los privilegios de unos cuantos para priorizar la salud de los niños. No puede haber lugar para los intereses económicos por encima de la salud", señaló la diputada en entrevista previo a la votación de la iniciativa, la cual consideró urgente si no se quiere condenar a los niños a ser adultos enfermos.
Previo a la sesión, una treintena de comerciantes se manifestó en contra y pidió que no se aprobara la iniciativa, pues consideran que afecta a sus ventas y pone en riesgo la viabilidad de sus negocios y la conservación de empleos. En ese sentido también se pronunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que hizo un llamado a frenar la iniciativa y cuyos representantes fueron recibidos por Horacio Sosa, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura.
En contraste, la propuesta fue respaldada por organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y otras 73 organizaciones nacionales y estatales.
