Venezuela muestra su disposición a seguir colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pero con condiciones. (EFE)
El Gobierno de Venezuela rechazó el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado ayer miércoles en Ginebra, que critica la "ausencia" de un sistema de Justicia independiente en el país caribeño y las "violaciones de los derechos económicos y sociales".
El informe señala que el poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad.
Bachelet recomendó al Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, que emprenda reformas al sistema judicial para garantizar la imparcialidad y frenar el uso de la justicia militar para juzgar a ciudadanos.
SIN DDHH EN EL ARCO MINERO DEL ORINOCO
El informe señala también la situación de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, y asegura que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
La investigación sobre este asunto, expuso Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos".
Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.
NO ACEPTAN RECOMENDACIONES
El Ejecutivo desestimó el contenido, las conclusiones y las recomendaciones por considerar que el documento es "tendencioso" y está "elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos".
El informe es, para el Gobierno, una "muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela".
