En el caso de antiguos guerrilleros, se verificaron 13 asesinatos. (EFE)
Grupos armados ilegales y organizaciones criminales están aprovechando la pandemia del coronavirus para ganar terreno en Colombia, según advirtió la ONU en un informe publicado este martes, en el que vuelve a denunciar los continuos asesinatos de líderes civiles y exguerrilleros que se registran en el país.
El documento, la revisión trimestral de Naciones Unidas sobre el proceso de paz colombiano, llama la atención sobre el hecho de que estos ataques han continuado en medio de la crisis del coronavirus.
"Me preocupa que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales hayan aprovechado la pandemia para expandir su control territorial, aumentando así el sufrimiento de comunidades y civiles", señaló en el informe el jefe de la ONU, António Guterres.
Guterres apuntó que esos grupos han utilizado para ello ataques contra la Fuerza Pública, el desplazamiento y el confinamiento forzados de las comunidades y las amenazas y asesinatos selectivos de líderes sociales y exmiembros de las FARC.
En algunos casos, según la ONU, los grupos armados ilegales y los criminales han impuesto medidas de control social, como el establecimiento de puestos de control ilegales y la comisión de actos de violencia contra las personas que incumplieron el confinamiento.
Además, el aislamiento obligatorio por el virus ha afectado a la implementación de algunas garantías de seguridad recogidas en el Acuerdo de Paz y las poblaciones vulnerables están teniendo más dificultades para denunciar y recibir respuestas.
Guterres, como en informes anteriores, dejó clara su preocupación por el alto número de ataques contra excombatientes y líderes sociales.
En el caso de los antiguos guerrilleros, desmovilizados o liberados como parte del proceso de paz, la ONU verificó 13 asesinatos entre finales de marzo y finales de junio, lo que eleva el total a 31 en lo que va de año y a 204 desde que se firmó el Acuerdo.
Mientras, en ese periodo, fueron asesinados seis líderes sociales y defensores de los derechos humanos, con otros 27 casos que están siendo verificados y con el Departamento del Cauca como el más afectado por esta violencia.
