La suspensión de una futura planta de ciclo combinado de Iberdrola por una inversión de 1,200 millones de dólares ilustró este miércoles la incertidumbre sobre la política energética del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. (ARCHIVO)
La suspensión de una futura planta de ciclo combinado de Iberdrola por una inversión de 1,200 millones de dólares ilustró este miércoles la incertidumbre sobre la política energética del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La compañía paró la obra, que crearía al menos dos mil empleos directos, por la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de suministrarle gas natural para su operación, declaró a la prensa Juan Antonio Aguilar, alcalde de Tuxpan, del oriental estado de Veracruz.
"Debido a que no se había concretado un contrato con la empresa TransCanada y CFE de suministro de gas, estuvieron 9 meses en el intento, no pudieron y decidieron retirarse", explicó el presidente municipal del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Este es solo el último episodio de la nueva política energética de López Obrador, quien ha reconocido que busca priorizar a las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) frente al "saqueo" de los privados, sobre todo extranjeros, advirtió Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC.
"Por desgracia no es un hecho aislado. Esto es una continuación, en este caso, de la guerra, del conflicto y de la confrontación que tiene la administración del presidente López Obrador con la inversión privada, sobre todo en energía y principalmente en el sector eléctrico", explicó a Efe el analista energético.
Al mismo tiempo que se conocía el aplazamiento de la construcción de planta de Iberdrola un juez otorgó una suspensión definitiva al amparo presentado por Greenpeace en contra de la nueva política eléctrica del Gobierno mexicano que limita el desarrollo de las energías renovables.
La decisión del juez supone un nuevo revés para la política energética de López Obrador que ha sido criticado por empresas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como las principales organizaciones empresariales mexicanas.
"El juez priorizó el empleo de energías renovables, ya que con la nueva política se da prioridad a las convencionales (fósiles) en detrimento de las renovables", apuntó en entrevista con Efe María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.
¿CFE AL RESCATE?
Aunque Iberdrola no se ha pronunciado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la CFE se encargará de continuar con el proyecto.
"Me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del Estado licitará su construcción", indicó en Twitter el mandatario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pese a que la CFE tiene las facultades para hacerlo, con esto "queda de manifiesto que la cancelación de esta planta poco o nada tiene que ver con cuestiones técnicas o económicas", opinó Monroy.
Además, el especialista señaló que el Gobierno mexicano no ha explicado de dónde saldrá la inversión para la planta, al recordar que CFE abandonó las actividades de construcción el siglo pasado porque eran ineficientes.
"Quieren regresar a los métodos que fallaron en un principio y que arruinaron por mucho tiempo a la CFE. Obviamente, más allá de la inversión, es una mala señal para la CFE por regresar a donde se tardó tiempo en poderla sacar y hacerla competitiva", manifestó.
El senador Julen Rementeria, representante de Veracruz, tachó la acción como "una expropiación moderna".
"Es lo que el Gobierno hace con Iberdrola. El Gobierno le aplica la 'aburridora' para que la empresa abandone y así se roba el proyecto intelectual de una empresa y su inversión. En ese proceso el Gobierno destroza los empleos y ahuyenta la inversión", denunció el legislador del PAN.
DISPUTA POR INVERSIÓN
Esta no es la primera vez que el Gobierno de López Obrador, cuyos funcionarios no han emitido declaraciones, intenta modificar acuerdos ya preestablecidos.
El año pasado presentó demandas preliminares de arbitraje internacional para anular cláusulas de contratos con empresas extranjeras que involucraban el gasoducto del Sur de Texas-Tuxpan.
Pero incluso miembros de su propio partido se distancian de este tipo de estrategias.
Tras enterarse de la situación de Tuxpan, el gobernador del central estado de Puebla, Miguel Barbosa, instruyó este jueves a su secretaria de Economía a comunicarse con Iberdrola para analizar la "gran inversión" que tiene en la entidad.
"Iberdrola seguramente está haciendo reconsideraciones de sus inversiones en México, seguramente. No, que yo sepa, ha hecho cambios o reconsideraciones de lo que dijo que podría invertir en Puebla, no tengo información al respecto, pero sí es un hecho posible", reconoció en rueda de prensa el político de Morena.
El problema, concluyó el director de GMEC, es que lo que ocurre en Tuxpan, un importante punto del Golfo de México que abastece a la industria del centro de México, trasciende más allá de una sola empresa afectada.
"Va minando la confianza, la credibilidad que tenía y que tardó décadas en construir la CFE de ser un referente mundial, a diferencia de Pemex", manifestó Monroy.
