En el último lustro Colima perdió la tranquilidad, y de tener una tasa de 22.45 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2015, para el siguiente año la cifra se triplicó (68.33%) y desde entonces cada año se incrementó (hasta 85.40% en 2019), afianzando su primera posición en la tabla del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que da cuenta de este delito. (EL UNIVERSAL)
En el último lustro Colima perdió la tranquilidad, y de tener una tasa de 22.45 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2015, para el siguiente año la cifra se triplicó (68.33%) y desde entonces cada año se incrementó (hasta 85.40% en 2019), afianzando su primera posición en la tabla del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que da cuenta de este delito.
Esta ola de violencia que ha caracterizado el sexenio del priista José Ignacio Peralta Sánchez —quien inició su gobierno el 11 de febrero de 2016— también alcanzó a los círculos de la política y el servicio público: durante estos años se registraron los homicidios de por lo menos 10 funcionarios de distintos niveles, se atentó contra dos más y 27 elementos de distintas corporaciones policiacas fueron asesinados.
Tan sólo en lo que va de este mes de junio se localizó en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Anel Bueno; siete policías estatales fueron retenidos y después asesinados por un grupo armado; el juez federal Uriel Villegas y su esposa murieron a manos de sicarios que ingresaron a su domicilio en la capital del estado.
Se desatan los ataques
El 12 de octubre de 2015 dos sujetos armados ingresaron a un concurrido restaurante donde el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, desayunaba con un amigo y le dispararon en cuatro ocasiones; Moreno Peña sobrevivió al ataque, pero el hecho revivió el recuerdo del asesinato del exmandatario Silverio Cavazos, ocurrido el 21 de noviembre de 2010 afuera de su casa en la ciudad de Colima.
Diez días después del ataque a Moreno Peña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección ordinaria y revocó el triunfo del priísta José Ignacio Peralta Sánchez.
Durante el debate de la campaña extraordinaria, el entonces candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, acusó a su contrincante del PRI, Peralta Sánchez, de recibir dinero de la delincuencia organizada para financiar su campaña; su fuente era un video que ese mismo domingo comenzó a circular en redes sociales, donde un supuesto narcotraficante confiesa —antes de presuntamente ser asesinado por sus captores— estar esperando el triunfo del priísta para que su grupo delictivo fuera beneficiado.
Con todo, Peralta Sánchez volvió a ganar las elecciones y se convirtió en gobernador. Tenía cinco meses en el cargo cuando se registró el primer homicidio contra un funcionario. El 6 de julio de 2016, Jaime Vázquez Montes, delegado de Sedatu y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez Montes, fueron asesinados en la capital del estado.
En 2017 ocurrieron los homicidios de Daniel Cortés, director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (agosto); Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán (octubre), y Christian Montero Ibarra, exdirector de la Policía de Tránsito y Vialidad de Manzanillo.
En febrero de 2018 fue ultimado en Tecomán el regidor Martín Cázares; en marzo de ese año fue abatido en la capital del estado Javier Álvarez, subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social del estado, y en agosto mataron en Armería a Rosalío González, regidor electo de ese municipio.
En julio de 2019, Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, fue atacada a tiros por dos sujetos pero logró salir ilesa; en agosto Mario Álvarez, expresidente municipal de Aquila, en Michoacán, fue asesinado en las calles de la ciudad de Colima.
Entre noviembre de 2016 y enero de 2017 fueron ultimados seis agentes de distintas corporaciones de Colima y en uno de los casos se encontró un mensaje que advertía de una cacería contra los elementos. Según el Registro de Policías Asesinados hecho por la organización Causa en Común, entre enero de 2018 y mayo de 2020 fueron abatidos 22 policías en Colima.
Preocupante, falta de castigo
Miguel Ángel Vargas, director del portal informativo Estación Pacífico, señala que en Colima se rompió cierta paz criminal y los datos lo demuestran, pero lo más preocupante es el nivel de impunidad que impera. "Aquí parece que no se siente la obligación de investigar, ni siquiera de construir explicaciones para la sociedad de cómo entiende la autoridad que sucedieron las cosas y por qué; hay un tremendo hermetismo en las instituciones de procuración e impartición de justicia y nadie asume cierta responsabilidad política de rendir cuentas", señala.
Considera que ante este tipo de hechos, los políticos del estado hacen declaraciones públicas en las que se pide justicia y esclarecimiento de la verdad, pero en el discurso privado, fuera de grabación, se tiende a revictimizar a quienes fueron asesinados, dando a entender que en algo estaban metidos.
En este contexto, los diputados locales llamaron a comparecer al gobernador, Ignacio Peralta, y al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, para que explicaran el caso de los siete policías asesinados; durante el encuentro, los diputados de Morena exigieron la renuncia de ambos por no garantizar la seguridad de los colimenses. Ese día, el gobernador hizo público que el secretario de Seguridad Pública, Enrique Sanmiguel, había renunciado al cargo.
