Durante la última sesión en el Pleno del Congreso del Estado, se aprobaron las reformas. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Durango está entre los estados que fueron señalados por no haber armonizado su legislación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, un aspecto que se considera prioritario para ser promulgado y publicado antes del inicio del proceso electoral del próximo año 2021.
Este asunto se abordó por parte de los integrantes del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que promovió un punto de acuerdo para exhortar a diversos congresos a armonizar su legislación en materia de violencia política.
El exhorto, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, fue dirigido a los congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En conferencia de prensa para anunciar el punto de acuerdo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, señaló la importancia de que los congresos locales armonicen su legislación en materia de violencia política. La petición es que los que no lo han hecho, lo hagan. "Hay una urgencia porque no se pueden modificar leyes electorales hasta un año antes de los procesos electorales y algunos ya no alcanzarían a hacerlo".
Dijo que, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiría criterios para garantizar que ningún estado se quede al margen de proteger a las mujeres de la violencia política, lo ideal es que esté en las leyes.
DURANGO YA CUMPLIÓ
Sin embargo, poco antes de que se planteara dicho exhorto en el Congreso federal, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, con la finalidad de sancionar toda violencia política de género e institucional, que se ejerce contra el sector femenino y de esta manera garantizar sus derechos fundamentales y políticos.
Previo a la clausura del Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión de Igualdad de Género, sometió a consideración de los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura, el dictamen que fue resultado de las iniciativas que en su momento presentaron los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena y del Partido del Trabajo.
De esta manera, se establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
Así como restringir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
