Ante la presunta evidencia de cobros irregulares, se anunció un procedimiento para sancionar. (EFE)
Un grupo de clínicas privadas son investigadas en Perú por presuntamente haber realizado cobros excesivos, de entre 422 y 576 soles (entre 123 y 168 dólares), por realizar pruebas de descarte del COVID-19 que son proporcionadas y procesadas gratuitamente por el Estado.
En total, son casi 20,000 muestras de pruebas moleculares (PCR) que 88 establecimientos privados remitieron al Instituto Nacional de Salud (INS) para su procesamiento gratuito después de haber cobrado supuestamente a los pacientes como si el análisis lo hiciera la misma clínica particular.
Ante la presunta evidencia de esos cobros irregulares, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) anunció este jueves la apertura de un procedimiento para sancionar a esas clínicas.
Aunque recordó que en este caso no se puede imponer un control de precios a los servicios que prestan las clínicas privadas, SuSalud remarcó que estos no pueden ser lesivos para la moral, salud y seguridad pública, "sobre todo en tiempos de una crisis sanitaria mundial en la que los ciudadanos esperan un comportamiento ético".
Las irregularidades fueron advertidas el miércoles por la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) en un informe de control tras solicitar a 18 establecimientos de salud privados información sobre la estructura de costos en relación al cobro del servicio por la prueba molecular a sus pacientes.
En el mismo informe señaló que tres de los cinco laboratorios acreditados por el INS inspeccionados no contaban con todos los requisitos para procesar las pruebas, entre ellos medidas de bioseguridad, condiciones ambientales y capacitación, "lo que pone en riesgo la fiabilidad de los resultados".
POSIBLE APROVECHAMIENTO
Las 19,746 pruebas PCR enviadas por el sector privado al INS entre el 6 de marzo y el 26 de mayo representan poco más de la quinta parte del total de pruebas moleculares procesadas por esta institución del Ministerio de Salud.
Por su parte, el INS recordó en un comunicado que el análisis de las muestras para diagnosticar COVID-19 "es un servicio totalmente gratuito, público e indispensable en el contexto de la pandemia" y rechazó que las clínicas cobren por servicios proporcionados a coste cero por el Estado.
La voz de alerta sobre esta situación presuntamente irregular la dio a mediados de mayo el congresista Arón Espinoza, quien pagó hasta 4,000 soles (1,166 dólares) por pruebas para su familia en una clínica privada y en cuyos resultado figuraba que el análisis había sido realizado en un laboratorio del INS.
