México es un país donde la desigualdad y la pobreza son extremas. La distribución de la riqueza es muy inequitativa y no ha sido posible reducir la pobreza en las últimas décadas. Algunos datos a tener en cuenta: según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en 2018 habían 52.4 millones de personas en situación de pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema en nuestro país; más del 70% de la población no tiene acceso a la seguridad social y el 61% recibe dinero por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos.
Con el actual panorama, hemos llegado a una emergencia sanitaria de grandes proporciones, no solo en México sino a nivel internacional. Esta crisis está siendo particularmente cruel con las personas más desprotegidas que viven de su salario diario, principalmente en el sector informal, y que no tienen acceso a la seguridad social. Dicho grupo tiene que continuar trabajando para su manutención, exponiéndose al contagio, a sabiendas de que no cuenta con la protección social necesaria para curar un posible contagio.
Los ingresos de millones de familias se han visto mermados y en muchos de estos casos, simplemente desaparecido. La emergencia sanitaria viene seguida de una emergencia económica para las familias más pobres y para los micro negocios en la economía informal. Al cierre de abril, el IMSS anunció la pérdida de más de medio millón de empleos formales. Para el sector informal no contamos con datos precisos pero suponemos que la pérdida de ingresos debe ser muy importante.
El país enfrenta una gran encrucijada: por un lado, es de vital importancia permanecer aislados para mitigar la crisis del COVID-19, pero ese aislamiento priva a muchas familias de lo necesario para subsistir. Les estamos pidiendo a los más pobres abstenerse de salir a la calle, pero no estamos haciendo nada para resolver la pérdida de sus ingresos totales o parciales.
Es por ello que diversos partidos políticos y el movimiento civil Nosotrxs, encabezado por el Dr. Mauricio Merino, han lanzado la iniciativa de la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales. Ellos, junto con decenas de organizaciones de carácter social y con la adhesión de senadores, diputados y académicos, impulsan esta iniciativa urgente e indispensable frente a la situación actual.
Algunos antecedentes para esta inciativa son:
La Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Básico Universal (IBU), que es una idea que surgió a mediados del siglo pasado como una propuesta alternativa para garantizar la seguridad social a todos los ciudadanos de un país, a través del otorgamiento de un ingreso periódico que garantice el acceso a la canasta básica y a los servicios mínimos necesarios para tener una vida digna. Con mayor o menor éxito la idea ha sido discutida en diferentes países. Irán es uno de los países que la ha implementado con éxito.
El Ingreso Mínimo Vital opera bajo la misma premisa pero con carácter temporal frente a una emergencia o situación específica. No es universal, pero es una herramienta de discriminación positiva para garantizar la inserción social de grupos vulnerables permanentes o de aquellos surgidos de una emergencia o catástrofe. Esta figura ha sido usada en Canadá en 2018 y recientemente en varios países a raíz de la actual pandemia. En España, por ejemplo, se pretenden otorgar entre 462 y 1, 015 euros, dependiendo del número de personas por familia, a partir de julio. Además de aliviar las necesidades de las familias, estos mecanismos generan una demanda adicional de productos y servicios que apoyan la recuperación de la economíal.
Por ello, la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales propuesta para nuestro país, establece el derecho de las personas que, en una situación especial perdieron su empleo y cuyos ingresos económicos se vieron afectados, a recibir un apoyo monetario temporal de parte del Estado.
La iniciativa establece la crisis actual como situación especial y va dirigida a todos aquellos que vieron disminuidos o desaparecidos sus ingresos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales. Se atenderían principalmente las actividades más vulnerables y se respetaría la buena fe de las personas que declaren la pérdida de ingresos. El monto del apoyo sería el equivalente de un salario mínimo (3, 696 pesos) con una duración de 3 meses; en casos especiales podría ser ampliado por 2 meses más.
Esta medida es totalmente factible en términos económicos y técnicos.
Desde el punto de vista económico, se calcula que alrededor de 20 millones de personas recibirían el apoyo. Este número representa el 35% de las personas de la fuerza laboral. El costo total sería de 220 mil millones de pesos que significan el 3.6% del presupuesto actual del gobierno y aproximadamente el 1% del PIB (Producto Interno Bruto). Para tener un punto de comparación, solamente las pérdidas de Pemex en el primer trimestre de este año representan más del doble de la cifra propuesta.
Desde una perspectiva técnica, es factible implantar un sistema de distribución de recursos de manera oportuna, a través del sistema bancario, abriendo cuentas a quienes no las tengan y con un proceso automatizado de verificación de identidad y validaciones en bases de datos, principalmente la del IMSS.
Los beneficios de la iniciativa son innegables: apoyar a la población más desprotegida e incentivar la recuperación económica. Resulta evidente la necesidad de que el estado implemente de inmediato esta medida ante la crisis que se está profundizando y llegando a niveles que no habíamos imaginado hace un mes y que todo indica que se seguirá agudizando.
Es de vital importancia que el Poder Legislativo discuta y apruebe esta Ley y que el gobierno federal la implemente a la brevedad posible.
Twitter: @vmborras
