El acuerdo provocó que se suspendieran las pruebas para que pudieran conectarse al sistema eléctrico.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) suspendió pruebas operativas de 17 centrales eólicas y fotovoltaicas, algunas propiedad de grandes multinacionales como la española Iberdola y la italiana Enel.
La entrada en vigor del acuerdo emitido por el centro el pasado 29 de abril, con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, provocó que se suspendieran las pruebas críticas necesarias para que pudieran conectarse al sistema eléctrico nacional, reveló Alfonso Morcos Flores, director general del Cenace, durante una reunión con legisladores miembros de la Comisión de Energía del Senado.
Morcos Flores precisó que de las 17 plantas, cuyas pruebas fueron suspendidas hasta nuevo aviso para "no poner en riesgo al sistema", siete son eólicas con una capacidad conjunta de 754 megawatts; y las restantes 10 son plantas solares con una capacidad conjunta de 1,572 megawatts.
"Hay grandes flujos de potencia que si se pierde una línea nos puede meter en fuertes problemas de corte de caja y de atención a la salud de los ciudadanos. Esa es la verdadera y única razón para este protocolo de la suspensión de pruebas preoperativas", aseguró.
El pasado 29 de abril, el organismo publicó un acuerdo para detener el ingreso de nuevas centrales renovables durante la contingencia, lo que ha desatado una serie de amparos, donde algunas empresas ya han recibido suspensiones provisionales por parte de los juzgados.
Las empresas y expertos del sector criticaron que el acuerdo carecía de fundamento tanto legal como técnico, y que se estaba usando como excusa para frenar el avance de este tipo de energías a favor de dar entrada a más plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En total, estos proyectos representan una capacidad de generación de 2 mil 326 megawatts, equivalente al 24% de la energía eólica y solar que actualmente se comercializa en el país.
Morcos Flores indicó que la decisión se tomó porque "técnicamente podrían desestabilizar el sistema en momentos de contingencia tomando en cuenta que por la contingencia sanitaria las personas pasan más tiempo en sus hogares, los hospitales y centros de salud temporales y demanda más energía eléctrica".
Agregó que actualmente operan centrales de este tipo con una capacidad de 9 mil 632 megawatts, "pero la suspensión de las pruebas preoperativas de estas nuevas plantas fue necesaria para garantizar la seguridad energética nacional".
En la reunión, los encargados de Análisis y Planeación de este organismo gestor de la red eléctrica nacional, Gustavo Villa y Jonathan Lugo, dieron a conocer que a partir de la última semana de marzo y la tercera semana de mayo la demanda de energía eléctrica en el país se ha reducido en un promedio de 9% en comparación con el mismo periodo de 2019.
Lo anterior, derivado de que por el cierre de actividades consideradas no esenciales durante la contingencia por el COVID-19, no hay labores en oficinas, fábricas y otros miles de negocios en el país.
"En estas condiciones en que la demanda se ha reducido no se puede poner en riesgo la demanda para los hogares donde está la gente confinada para hospitales, para nuevas instalaciones, sería irresponsable", argumento el director general del Cenace.
Al respecto, los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias cuestionaron que "habría contingencia si hubiera más consumo", de ahí que la bancada del PAN consideró que el Cenace comete un acto discriminatorio al evitar que las plantas de energía eólica y fotovoltaica se sumen al despacho de la energía eléctrica que demanda el país.
