El decreto de suspender actividades no esenciales afecta a la mayoría de los negocios de Durango. (EL SIGLO DE TORREÓN)
En Durango el 99 por ciento de los negocios son micro, pequeñas o medianas empresas, lo que deja en condiciones particularmente vulnerables al 60 por ciento de la fuerza laboral ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 o coronavirus.
De acuerdo con la información que presenta el Instituto de Evaluación de las Políticas Públicas (Inevap) en su Policy Brief "Proteger el empleo y a los trabajadores", el tamaño de los negocios es directamente proporcional al daño económico que son capaces de soportar.
De ahí que proteger el empleo debe ser una prioridad para disminuir los efectos negativos de la crisis, pero no solo eso, también se debe garantizar el ingreso de los trabajadores, ya que dependiendo del sector en el que se desempeñen, aumenta o disminuye la posibilidad de perder los recursos que reciben por su trabajo.
En el caso de los servidores públicos, las empresas de sectores esenciales y el campo, tienen menos posibilidades de perder su empleo y su salario, contrario a lo que enfrentan empleados de negocios no esenciales.
A nivel local, los sectores de servicios y comercio ocupan a más de la mitad de los empleados duranguenses y una cuarta parte de los trabajadores se desempeña en el sector informal, además de que ya previo al confinamiento la creación de empleo formal en la entidad tenía una tendencia a la baja.
Con base en la información que presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se estima que en Durango el 70 por ciento de la Población Económicamente Activa trabaja de manera subordinada a cambio de una remuneración, el 20 por ciento es trabajador independiente, el seis por ciento son empleadores y el tres por ciento no recibe paga por su labor.
Es por ello que "para proteger el empleo y a los trabajadores, las intervenciones de los gobiernos deben enfocarse en que las empresas no desaparezcan, retengan los empleos durante la contingencia y puedan recuperarse luego de la crisis".
Seguros de desempleo para empleados formales, transferencia de fondos para el sector informal y dispersión de microcréditos, son algunas de las recomendaciones que se exponen en el documento a fin de disminuir el riesgo de que los niveles de pobreza se eleven entre la población durante y después de la pandemia.
No obstante, el Instituto también reconoce que los gobiernos habrán de enfrentar las consecuencias de la disminución de ingresos tributarios. Ante esto apunta que "es vital mantener la estabilidad macroeconómica mientras se dirigen los recursos económicos que sostengan a las empresas y trabajadores".
