Con la pandemia se han agudizado los ataques y amenazas contra los periodistas. (EFE)
Algunos gobiernos del mundo están aprovechando la situación mundial derivada de la pandemia de coronavirus para suprimir información relevante que resulta incómoda para criterios oficiales, o para arremeter contra voces críticas, acusó hoy Amnistía Internacional (AI).
En el marco del Día mundial de la libertad de prensa, Saad Hammadi, defensor para Asia del Sur en AI, recordó que hace poco menos de dos meses el periodista Shafiqul Islam Kajol dejó sus oficinas en Bangladés y no pudo llegar a su casa porque fue desaparecido.
Un día antes de ser sustraído, el partido en el poder, la Liga Awami, lo acusó de publicar información falsa, ofensiva y difamatoria en su página de Facebook, recordó hoy el activista para Amnistía Internacional.
"Desde que la pandemia de COVID-19 ha llegado a dominar las noticias, gente que ha sido crítica sobre la respuesta del gobierno se ha encontrado convertida en objeto de atención hostil por parte de las autoridades", aseguró Hammadi.
El Foro para la Libertad de Expresión de Bangladés ha identificado que al menos 20 periodistas han sido intimidados, amenazados o agredidos por miembros del partido en el poder.
O bien, los comunicadores han sido detenidos en algunos casos bajo acusaciones de incurrir en ofensas criminales contra la policía por acusarla de pillaje, corrupción y falta de rendición de cuentas en la entrega de apoyos para personas pobres en el país, identificó el Foro.
David Kaye, testigo especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, reportó el 23 de abril que muchos gobiernos están buscando restringir el acceso a la información sin tomar en cuenta las condiciones básicas de la legalidad.
"La pandemia ha conducido a múltiples incidentes contra periodistas y defensores de los derechos humanos alrededor del mundo siendo intimidados, detenidos, cuestionados y amenazados por su trabajo", señaló Kaye.
"El número creciente de casos notificados contra los periodistas y usuarios de redes sociales durante el COVID-19 por simplemente emplear su derecho a la libertad de expresión es todo menos respetuoso de derechos", indicó por su parte Amnistía.
Las autoridades deben actuar de manera urgente contra la desinformación y el esparcimiento de rumores e información desconfiable en orden de proteger a las comunidades y a la salud pública, pero incurrir en penalizaciones desproporcionadas desfigura ese propósito, estimó el especialista en Asia del Sur.
En cambio, AI consideró que las autoridades deben invertir en la promoción del acceso confiable y pronto a información basada en evidencia.
