Firmantes han exigido al Gobierno de Malasia su expulsión.
La pandemia de COVID-19 ha hecho crecer la xenofobia contra los rohinyás en Malasia, donde viven en torno a 100,000 refugiados de esta oprimida minoría musulmana procedente de Birmania, mientras el Gobierno empuja de vuelta al mar a barcos con centenares de personas que intentan llegar a sus costas.
La semana pasada, al menos 350,000 personas firmaron en varias campañas online en la plataforma Change.org, que fueron borradas posteriormente, pidiendo al Gobierno malasio que expulsara a todos los rohinyas del país, y se han producido varios incidentes de hostigamiento, entre ellos un vídeo que se hizo viral de un malasio insultando a un jardinero rohinyá.
"La campaña está muy organizada, con la producción de una gran cantidad de material que incita deliberadamente al odio y la xenofobia. Ha generado muchos bulos, como que los rohinyás exigen la ciudadanía o son terroristas en potencia. Estos no son asuntos que surgen de forma espontánea", señala a Efe Lilianne Fan, directora de la ONG Yayasan Geutanyoe, dedicada a trabajar con refugiados.
ANSIEDAD ANTE LA COVID-19
Fan considera que uno de los factores del repunte de xenofobia contra los rohinyas es la "ansiedad ante la COVID-19", de la cual se han detectado casi 6,000 casos en Malasia y han fallecido 100 pacientes, además de causar el cierre de las fronteras y férreas medidas de contención, que, según Fan, además han llevado a que la mayoría de los rohinya pierda sus trabajos.
La relativamente próspera Malasia es, desde hace años, uno de los destinos preferentes de los rohinyás que huyen de la opresión que sufren en Birmania, donde la inmensa mayoría carecen de ciudadanía al ser considerados "inmigrantes ilegales" procedentes de Bangladés y han sufrido oleadas de violencia desde hace decenios.
En Malasia, país de mayoría musulmana, los rohinyás han encontrado un refugio seguro en comparación con su país de origen y pueden encontrar trabajo en sectores como la construcción, pero su posición es extremadamente precaria, ya que la mayoría no son reconocidos oficialmente como refugiados y han de vivir como inmigrantes ilegales en una sociedad que a menudo los mira con desconfianza.
Según Fan, la reciente oleada de racismo delata "la necesidad urgente de que el Gobierno trabaje en desarrollar un marco legal y las políticas apropiadas sobre los refugiados (...) y de trabajar para mejorar las relaciones entre los refugiados y la comunidad de acogida, que han sido desatendidas durante demasiado tiempo".
