El presidente anunció que decretará la reducción progresiva del salario de los 'altos funcionarios'.
La primera ley aprobada por la nueva mayoría de Morena en el Congreso en 2018, prohíbe expresamente bajar los salarios de los funcionarios durante un ejercicio fiscal, tal y como ahora pretende ordenar el Presidente de la República.
Se trata de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde noviembre de 2018, cuyo artículo tercero establece:
"La remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: Anualidad: la remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo".
Cuando el nuevo Gobierno redujo los salarios de los funcionarios, dicha reducción se aplicó al aprobar el Presupuesto de Egresos de 2019, pues durante diciembre de 2018, se respetaron los sueldos que la Cámara de Diputados había aprobado para ese año.
El presidente López Obrador anunció que decretará la reducción progresiva de hasta 25 por ciento del salario de los "altos funcionarios", es decir, el personal de confianza de subdirector hasta el propio Presidente.
Si bien la reducción aplicada en el PEF de 2019 fue motivo de cientos de amparos y de varias controversias ante la Suprema Corte, esa nunca llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha medida.
López Obrador también reiteró ayer su intención de no pagar aguinaldos, ya anunciada el 5 de abril, aunque no quedó claro si esa será una decisión de cada funcionario.
El aguinaldo es una prestación prevista en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no puede ser suprimida unilateralmente por decreto del Ejecutivo.
"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna", ordena el artículo 42 Bis de la ley.
Ordinariamente, las cámaras del Congreso tendrían que promover controversias ante la Corte para impugnar decretos del Ejecutivo que sean contrarios a alguna ley federal.
Sin embargo, eso parece poco probable, pues se requiere aprobación de la mayoría de legisladores para presentar una controversia, y Morena tiene dicha mayoría en ambas cámaras, que ni siquiera están sesionando.
