La FECC busca también una reforma para fincar responsabilidad penal a personas jurídicas y morales.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) busca que la Secretaría de Hacienda, así como la propia Fiscalía General de la República (FGR,) monitoreen y den seguimiento a los recursos del erario sufragados en todos los contratos públicos.
Plantea una modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para agregar los actos de contratación pública como una de las nuevas "actividades vulnerables".
La norma establece la obligación de las instituciones financieras de reportar a Hacienda las operaciones sospechosas de lavado, las cuales son conocidas bajo la denominación de "avisos de actos u operaciones relacionados con las actividades vulnerables".
Por ahora, el catálogo comprende dentro de esa categoría a las operaciones relacionadas con el sector inmobiliario, juego y apuestas, tarjetas de crédito y prepagadas, cheques de viajero, subastas de obras de arte, comercialización de aviones, embarcaciones y metales preciosos, entre otros.
La Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF) de la FGR consulta las bases de datos de Hacienda que contienen los avisos y tiene la facultad legal para solicitar a la autoridad hacendaria la documentación de las operaciones.
La pretensión de la FECC es que los contratos ahora sean incluidos a esa lista, para que tanto Hacienda como la FGR, a través de la UEAF, puedan dar seguimiento a la aplicación de los recursos públicos y a casos de corrupción de funcionarios involucrados.
"Debe considerarse como actividad vulnerable cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, utiliza el sistema financiero y crediticio para la adquisición o incremento de su patrimonio", señala la propuesta.
Van por extinción
La FECC busca también una reforma para fincar responsabilidad penal a personas jurídicas y morales y sancionar a las empresas por delitos como delincuencia organizada y aplicarles la Ley de Extinción de Dominio a sus bienes.
En el informe anual entregado el 10 de marzo al Senado, María de la Luz Mijangos, titular de la dependencia, planteó que son necesarias las modificaciones legales para que las personas jurídicas también sean objeto de sanción por lavado de dinero, peculado y otros delitos.
"Se sugiere reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que esta Fiscalía aplique la citada ley cuando estemos en presencia de las siguientes hipótesis: en casos de enriquecimiento ilícito, cuando se ocupen aparatos organizados de poder como personas físicas y jurídicas, así como las distintas operaciones para ocultar bienes o introducirlas al sistema patrimonial, financiero y fiscal", indicó.
En el caso de la Ley de Extinción de Dominio, Mijangos sugirió al Senado reformar la norma para incorporar al cohecho y el peculado como delitos donde procedan las demandas de esta naturaleza en contra de los bienes de personas indiciadas.
