El bombardeo tuvo lugar en un área próxima a la cárcel de Abu Salim, en el suroeste de la capital. (EFE)
Al menos dos civiles murieron ayer y un tercero resultó herido de gravedad en un bombardeo atribuido a las fuerzas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, tutor del gobierno no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país.
El bombardeo tuvo lugar en un área próxima a la cárcel de Abu Salim, en el suroeste de la capital y eleva a 115 el número de víctimas mortales en una semana de bombardeos y combates ininterrumpidos, librados en la capital, la ciudad-estado de Misrata y el localidad de Sirte pese a la "tregua humanitaria" solicitada por la ONU para luchar contra la pandemia del COVID-19.
Fuentes vinculadas al gobierno sostenido por Naciones Unidas en Trípoli explicaron a Efe que los combates se centraron hoy en el área de Gharyan, una pequeña localidad situada a unos 80 kilómetros al sur de la capital, clave para el control de la amplia autopista que da acceso a la metrópoli.
También en la carretera que une la ciudad costera de Sirte -400 kilómetros al este de Trípoli- con el oasis de Jufrah, una de las bases principales de las fuerzas de Hafter (Ejército Nacional Libio, LNA), quien recibe el apoyo militar de Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y quien cuenta en sus filas con mercenarios rusos y sudaneses.
"En el área de Tarhuna (suroeste de Trípoli) hubo combates con artillería pesada. Se logró destruir varios blindados enemigos", dijo la fuente militar vinculada al GNA (Gobierno de Acuerdo Nacional), gobierno no electo que recibe el apoyo político de la ONU, el económico de Qatar y la Unión Europea y el militar de Turquía, que le facilita tropas y mercenarios sirios.
Los combates coincidieron este miércoles con el arranque de la nueva operación de vigilancia del tráfico de armas y de migrantes de la UE en aguas del Mediterráneo, llamada "Irini".
El nuevo operativo sustituye a la "Operación Sofia", lanzada en 2015 con el objetivo de reducir el flujo de migrantes en el Mediterráneo -que desde entonces no ha cesado- y de apoyar al GNA, un organismo no electo creado una año después tras el fallido proceso de paz impulsado por la ONU.
Desde entonces, este organismo no solo no ha conseguido la legitimidad necesaria para imponer su autoridad en el país pese a contar con el apoyo político de la ONU y el económico de la UE, sino que ha ido perdiendo apoyo popular y control territorial hasta quedar casi confinado en la capital, en donde su seguridad depende de milicias, salafistas y señores de la guerra.
Tampoco ha sido capaz de frenar el amplio contrabando de armas, personas y en particular de combustible que domina la economía libia pese a la ayuda prestada por la UE, y en particular de Italia, que le ha dotado de patrulleras, uniformes y formación para la Guardia Costera.
Este nuevo cuerpo, integrado por antiguos contrabandistas, ha logrado interceptar decenas de embarcaciones precarias pero también gestiona los centros de detención donde, según denuncias probadas de distintas organizaciones no gubernamentales, los migrantes interceptados malviven en condiciones inhumanas, expuestos a la violencia, la desnutrición y el negocio de las barcas neumáticas.
En el este, sin embargo, Hafter no solo ha sido capaz de extender su influencia a las regiones del sur y el oeste del país, si no que ha conseguido también hacerse con el control casi total de la industria petrolera nacional.
Las tropas de Hafter asedian desde el 4 de abril del pasado año la capital, escenario casi a diario de combates y bombardeos como los que la semana pasada segaron la vida de más de un centenar de milicianos de ambos bandos, los más graves de 2020.
Según cifras oficiales, desde el inicio del asedio han muerto cerca de 1,700 personas -alrededor de 300 de ellas civiles- más de 15,000 han resultado heridas y en torno a 140,000 se han visto obligadas a abandonar su hogar y a convertirse en desplazados internos.
