La apuesta de Andrés Manuel López Obrador a favor de finanzas públicas sanas, de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la independencia del banco central no parece ser suficiente para garantizar la sustentabilidad de su programa económico si no logra conseguir que florezca la inversión. La esperanza quizá era que las empresas terminarían invirtiendo de cualquier manera, aun si el gobierno no enviaba mensajes positivos para la atracción de capitales, ya que no aceptarían perder participación de mercado, ni dejarían de aprovechar oportunidades de retornos interesantes.
Sin embargo, el éxito dependía no sólo de la voluntad de los empresarios sino de las circunstancias políticas y económicas, domésticas e internacionales, en las que se desenvuelve el país. A año y medio no se ha logrado revertir la caída de la inversión en infraestructura y maquinaria y equipo. Sin una inversión robusta, las probabilidades de un estancamiento secular para el resto del sexenio son mucho más altas y la vulnerabilidad a choques externos mucho mayor. Más aún, sin crecimiento se pone en riesgo la sustentabilidad de las finanzas públicas que el Presidente siempre ha pensado como el ancla para la estabilidad macroeconómica.
La rápida expansión del COVID-19 en China y ahora en la mayoría de los países europeos y en América del Norte es el llamado de atención más fuerte para que el gobierno emprenda un golpe de timón que permita vislumbrar un ambiente propicio a la inversión.
El gobierno de López Obrador ha corrido con la “suerte” de que sus principales errores de política económica e incapacidad de ejecución no se habían todavía reflejado en presiones al tipo de cambio, el principal barómetro que usa para medir la salud de la economía. Esta “suerte” está relacionada con la excesiva liquidez en búsqueda de rendimiento de los mercados internacionales y las relativas altas tasas de interés en México.
Si la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Europeo y del Banco de Japón no hubiese retomado un sesgo expansionista, las señales negativas provenientes de la política económica mexicana se hubiesen visto reflejadas no sólo en menores niveles de inversión real, sino en un deterioro de las variables financieras, en particular el tipo de cambio. El presidente López Obrador terminó interpretando la relativa fortaleza del peso a pesar de la cancelación del aeropuerto, la construcción de Dos Bocas y los constantes mensajes que ahuyentan la inversión en las mañaneras, como si estas acciones no importaran y al poco crecimiento en 2019, y 2020, como el costo normal por la instauración de la Cuarta Transformación.
Esta estrategia cojea no de una, sino de dos patas: por un lado, los flujos de inversión requieren un ambiente que haga atractiva la economía en un contexto dinámico y de alta competencia con el resto del mundo. Por su importancia, el ambiente debe ser atractivo sobre todo para la inversión de origen nacional y de medianas y pequeñas empresas que tienden a ser más sensibles a la incertidumbre y menos tolerantes a la exposición de riesgo México.
Sin inversión no se dará el crecimiento y sin éste el déficit público sólo se ahondará. La esperanza que tenía el gobierno de que Pemex se convirtiera en una gran fuente de recursos públicos no va a materializarse. Al contrario, el gobierno ha tenido que dedicar recursos crecientes para rescatarla y la sangría no se ha detenido.
Por otro lado, la estrategia también descansaba en que el contexto internacional no se descompusiera para que las exportaciones, con el renovado T-MEC, pudieren seguir siendo el componente más dinámico del producto interno bruto. Antes del COVID-19 y de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos ya había razones para prever que, en algún momento durante este sexenio, la economía del principal socio comercial entraría en una etapa recesiva. La única forma de atajar el impacto negativo de la desaceleración de Estados Unidos era incrementar el atractivo de la economía al presentarla como la mejor vacuna contra la exposición al riesgo chino, así como acelerar la implementación de la transición de un sector energético monopolizado y con poca inversión a un mercado de energía competitivo y creciente.
El dinamismo energético y la capacidad de sustituir a China en Estados Unidos (y a Estados Unidos en China) le permitirían a México crecer más que el resto de América del Norte al ganar participación de mercado. No obstante, el éxito de esta estrategia dependía de que se implementara a tiempo, antes de que la economía de Estados Unidos se desacelerara o entrara en una fase de restricción crediticia producto de un choque externo.
Los acontecimientos de esta semana (la caída abrupta del precio del petróleo, de las bolsas de valores y del peso) y la expansión del COVID-19 tienen serias implicaciones para la economía que ahora son más difíciles de enfrentar por no haber creado las condiciones de atractivo a la inversión ex ante.
Si se estuviera construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México, si se hubiesen tenido rondas petroleras y subastas, si los proyectos de energía estuviesen en marcha y los inversionistas mexicanos vieran el futuro con más confianza, los efectos de la posible desaceleración internacional serían mucho menores.
En las circunstancias actuales de choques de oferta y demanda simultáneos provocados por la expansión del COVID-19 se puede esperar un primer trimestre con crecimiento negativo en las economías de Asia y magro en Europa y Estados Unidos, y un segundo trimestre igualmente pobre o aún negativo para las principales economías. Todo esto permite prever que las exportaciones y la inversión no contribuirán al crecimiento en México y que, si se reconoce que la epidemia también se expande en el país, se tenga una contracción del consumo.
La economía mexicana llega a esta coyuntura viral con vulnerabilidad autoinfligida: no se crearon las condiciones para la atracción de inversión a tiempo. El COVID-19 es quizá la última llamada. Sin embargo, el gobierno parece lejos de estar listo en materia sanitaria, en el ámbito macroeconómico que asegure la estabilidad y en la ambición y ejecución que se requieren para atraer inversión.
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