La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que el posible daño patrimonial asciende a un millón 187 mil 900 pesos, en agravio del estado. (ARCHIVO)
Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso por probable peculado contra Raúl Labastida Mendoza, titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Quintana Roo durante el sexenio de Roberto Borge, preso en un penal federal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que el posible daño patrimonial asciende a un millón 187 mil 900 pesos, en agravio del estado.
La audiencia de formulación de imputación del delito y posterior vinculación a proceso se realizó ayer, en una sala del Poder Judicial, respecto a la carpeta administrativa 227/2017, dentro de la cual se establece que el traspaso del dinero en efectivo, de la cuenta del gobierno estatal, a la cuenta personal del hoy vinculado a proceso.
Los depósitos fueron cuatro, por las cantidades de 437 mil pesos; 300 mil, 250 mil y 200 mil pesos, que correspondían al gasto corriente del gobierno del estado, a favor de la de la Consejería Jurídica para el pago de diferentes servicios entre los años 2012 y 2016, lapso en que Labastida Mendoza estuvo al frente de dicha instancia.
"El juez de Control consideró que existe alta probabilidad de que el dinero que dispuso (de acuerdo al numerario antes citado) fue utilizado para fines distintos a los que estaban designados", se indicó.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el embargo de bienes, el resguardo domiciliario y la colocación de un brazalete electrónico para que el imputado no pueda sustraerse de la justicia; sin embargo, el Juez sólo autorizó la primer medida cautelar.
Como consecuencia, a Labastida le fueron asegurados un vehículo marca Nissan tipo Pathfinder color arena y 75 acciones de capital fijo, con valor de 75 mil pesos, de la empresa Industrializadora Maderera de Quintana Roo S.A. de C.V.
Además, los fiscales solicitaron un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que fue concedido por el juez, sin objeción de la defensa del imputado. El plazo se vencerá el 23 de junio de 2020.
El juez de control determinó que el exfuncionario enfrente el proceso bajo medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, por lo que tendrá que firmar periódicamente su estancia en la ciudad los días 15 y 30 de cada mes.
