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Turquía

Ordena Turquía detener a 700 funcionarios y militares acusados de golpismo

Desde la pasada madrugada ha habido redadas en casi todas las provincias del país

La Policía turca ha lanzado hoy una operación para detener a más de 700 funcionarios y militares por sospechas de vínculos con un golpe de Estado. (ARCHIVO)

La Policía turca ha lanzado hoy una operación para detener a más de 700 funcionarios y militares por sospechas de vínculos con un golpe de Estado. (ARCHIVO)

EFE

La Policía turca ha lanzado hoy una operación para detener a más de 700 funcionarios y militares por sospechas de vínculos con la cofradía del predicador Fethullah Gülen, a la que el Gobierno responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.

Desde la pasada madrugada se han producido redadas simultáneas en casi todas las provincias del país para detener a esos sospechosos por orden de varios juzgados, informa la cadena turca NTV.

Una de las operaciones se dirige contra 71 empleados del Ministerio de Justicia y otra contra 201 miembros de las Fuerzas Armadas, la mayoría con rango de suboficiales, 101 de ellos en servicio activo, en gran parte en la aviación.

Otra de las ordenes de arresto incluye a 467 personas supuestamente implicadas en el amaño de un examen para acceder a puestos de responsabilidad en la Policía, realizado en 2009.

Durante la pasada década, la alianza entre la cofradía de Gülen y el islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, permitió a los seguidores del predicador acceder a numerosos cargos en la Administración.

Desde sus puestos, los gülenistas solían facilitar el ascenso de sus correligionarios, y en muchos casos trucaban los exámenes administrativos, facilitando las respuestas a sus candidatos.

AKP y la cofradía, aunque ideológicamente muy cercanos, se distanciaron en 2013 en un proceso que derivó en una abierta lucha de poder y una ruptura definitiva tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016.

Desde entonces, más de 130,000 funcionarios de todos los sectores públicos, especialmente en el educativo, han sido destituidos y más de 50,000 personas han pasado a prisión preventiva.

La pertenencia a la cofradía, legal hasta 2015, se persigue hoy bajo la acusación de "pertenencia a una organización terrorista", a menudo con penas de cadena perpetua.

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