Sabemos que, en México, la creación de empleos y la situación económica viven un momento crítico. De acuerdo con el Banco Mundial, la expectativa de crecimiento económico para nuestro país en 2020 es de un magro 1.2%. Los inversionistas no se sienten con plena confianza de invertir, pues en el terreno político hay incertidumbres de toda índole. Además, en 2019 la tasa de aumento de puestos de trabajo formales fue tan sólo de un 1.7%, la más baja desde la crisis económica de 2009.
Que no haya trabajo y que la economía no crezca son fenómenos graves y relacionados entre sí. Abundan la informalidad, el desempleo, la precarización y, en casos más extremos, la criminalidad y la violencia. Por este motivo, las autoridades deben concentrar todos sus esfuerzos en revertir esta situación y atacar las causas de dichos males.
Por ello, no debe tomarse a la ligera el parlamento abierto que inicia hoy 12 de febrero, cuyo fin es hacer que empresarios, académicos, autoridades, trabajadores y asociaciones se manifiesten para deliberar si es necesario cambiar la regulación vigente de subcontratación, esto es, reformar la Ley Federal del Trabajo.
No podemos olvidar que el Congreso de la Unión tiene en sus manos una responsabilidad enorme. Más de siete millones de connacionales encuentran su fuente de ingresos por medio de algún tipo de outsourcing. Dar un paso en falso, prohibir la tercerización o promover iniciativas retrógradas orillaría a estas personas a una situación de enorme riesgo laboral.
En 2018, una cuarta parte de los empleos formales en nuestro país eran subcontratados, la mayoría de los cuales eran ocupados por sectores vulnerables, es decir, jóvenes, mujeres, madres solteras, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. De 2013 a la fecha, el 33% de los empleos formales que se han creado son por medio de algún tipo de tercerización.
Si verdaderamente se desea incentivar la inversión, asegurar la estabilidad financiera de la clase trabajadora e impulsar el desarrollo económico y social, es de vital importancia que diputados y senadores hagan crecer la subcontratación responsable y profesional, que ha dado pruebas incontrovertibles de ser benéfica para el país.
Además, el outsourcing es un esquema ampliamente difundido en todo el mundo: más de 200 millones de personas se emplean bajo este sistema. Debe recordarse que nuestro país firmó recientemente el T-MEC, un tratado comercial con aspectos laborales y ecológicas. Este acuerdo apunta a que en un futuro habrá una integración de las condiciones de trabajo de América del Norte. México tiene que aprovechar todos estos logros y sumarse estratégicamente a la revolución laboral que enfrentamos.
De acuerdo con el presidente López Obrador y con la STPS, es absolutamente innecesario reformar la LFT, pues el Ejecutivo federal posee todas las herramientas para acabar con la elusión de responsabilidades fiscales y laborales sin tener que modificar la normatividad vigente. En todo caso, deben realizarse propuestas constructivas, como la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. Se trata de un registro de empresas de outsourcing, encabezado por las autoridades laborales, que considere la opinión de empresarios y trabajadores y que sirva para transparentar los mecanismos de operación de este esquema, con lo cual se puede limpiar la imagen del régimen y se acabaría con la competencia desleal de quienes no cumplen las disposiciones.
Hay que impedir que triunfen las iniciativas regresivas, aquellas que sólo parten de consideraciones particulares y que pretenden acabar con un esquema del cual dependen en buena medida la creación de nuevos empleos y la certidumbre de los inversionistas. La subcontratación responsable y profesional capacita a sus empleados y les ofrece trabajos formales. El outsourcing es parte de la solución, y las soluciones no se atacan. Se promueven.
