La CorteIDH escuchó los testimonios de María Dos Santos, madre de una menor de 14 años que trabajaba en la fábrica y falleció.
Víctimas y sobrevivientes pidieron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado brasileño por trabajo infantil y la muerte de 64 trabajadoras, 22 menores de edad, durante una explosión en una fábrica de fuegos artificiales el 11 de diciembre de 1998.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, escuchó este viernes los testimonios de María Dos Santos, madre de una menor de 14 años que trabajaba en la fábrica y falleció en la explosión; así como de Leila Serqueira, sobreviviente del suceso.
"Nuestro país tiene que ser encontrado responsable. Confío en estos jueces, sé que Dios está de nuestra parte. No hay que hacer justicia por mi hija nada más, sino por todo el país. Quiero que condenen a Brasil por la falta de atención y la humillación de 20 años", declaró Dos Santos ante los jueces.
La mujer explicó que ella trabajó por 4 años en la fábrica junto a su hija (quien empezó a trabajar allí a los 10 años de edad), pero que el día de la explosión sólo la menor estaba laborando.
Dos Santos detalló las condiciones precarias de seguridad y salud en la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesús, en el estado de Bahía, donde además era común el trabajo infantil.
La mujer explicó que el trabajo consistía en elaborar a mano fuegos artificiales en sitios de trabajo similares a carpas, donde no tenían facilidades para el aseo personal ni tiempos de descanso.
Dos Santos comentó que ese tipo de empleo era el único al que podían acceder los pobladores del municipio y que ante la pobreza.
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jorge Meza, fue el encargado de exponer a los jueces la acusación contra el Estado de Brasil, al que señaló de haber violado los derechos a la vida, a la integridad personal, y que además faltó a su deber especial de protección de la niñez.
La CIDH también acusa a Brasil por violaciones al derecho al trabajo, al principio de igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial, pues el caso se mantiene en la impunidad.
"La muerte de las personas es atribuible al Estado. El Estado conocía que en la fábrica se trabajaba con materiales peligrosos porque otorgó los permisos respectivos. El Estado tenía, en consecuencia, el deber de investigar y fiscalizar las actividades de la fábrica", argumentó Meza.
La demanda señala que el Estado debía conocer que en el sitió existía una de las peores formas de trabajo infantil.
