El síndico municipal y la alcaldesa señalaron que se actuará hasta las últimas consecuencias. (EL SIGLO DE TORREÓN/ANGÉLICA SANDOVAL)
El Ayuntamiento de Gómez Palacio presentó de manera formal la denuncia para que se abra investigación en contra del extesorero de la Administración municipal pasada, Óscar García Villarreal, por no presentar documentación que desvirtúe las irregularidades observadas en el proceso de entrega-recepción, considerando no aclaradas las inconsistencias.
El síndico municipal, Omar Castañeda González, dijo que de acuerdo al dictamen de la contraloría interna, esto es bajo la advertencia de que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación, por lo que se turnó a la autoridad investigadora para que actúe conforme a derecho y en apego a la legalidad.
El funcionario municipal explicó que ya se cerró el proceso de entrega-recepción y que la contraloría municipal determinó que no quedaron solventadas las observaciones que se realizaron por lo que se dio parte a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) de Durango por las citadas inconsistencias y de ello se derivará la presentación de denuncias en los distintos niveles de gobierno para que se proceda con la investigación correspondiente y la sanción en contra de quienes resulten responsables.
"Ya se dio parte de un primer paquete, se estará presentando conforme se vayan cerrando en su totalidad los procesos internos del municipio y lo que sí es que la indicación de la presidenta (Marina Vitela) hacia las distintas dependencias es que se transparente todo el proceso en su totalidad", afirmó.
La semana pasada, el gobierno de Marina Vitela dio a conocer que se detectaron presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos de la Administración municipal 2016-2019 por un monto total de 432 millones 225 mil 523.89 pesos.
En tesorería municipal, algunos de los hallazgos más significativos fueron la operación de contratación de servicios por la cantidad de 143 millones 686 mil 585.01 pesos. El concepto fue "Asesorías legales" a la empresa Asesorías y Consultorías Jurídicas Raval S.A. de C.V. aunque no se tenía presupuesto autorizado, no existe documentación que avale los servicios y no se realizó licitación pública como lo establece la ley, entre otras.
El monto se pagó a la compañía en un periodo de 58 días, del 28 de junio al 23 de agosto de 2019, en un total de 15 facturas con folios consecutivos casi todas, dato que luego fue eliminado en los últimos seis de estos documentos.
"Es natural que quieran intentar justificar lo injustificable, yo nada más les pregunto: ¿en qué administración se entregan 143 millones de pesos a una empresa en 58 días que representa más de lo que se invirtió en una infraestructura, en becas, en salud, en el organismo de Sideapa? ", expresó.
Por su parte, la alcaldesa Marina Vitela dijo que ya se presentaron las primeras denuncias ante la EASE y se recurrirá al Sistema Estatal Anticorrupción, de lo cual se desprenderá la posibilidad de acudir también ante otras instancias como la Fiscalía General del Estado, (FGE) a las que corresponderá acusar y sancionar.
