El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, calificó hoy de positiva la decisión de la CPI de pedir abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra de la ocupación israelí. (ARCHIVO)
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, calificó hoy de positiva la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de pedir abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra de la ocupación israelí.
En un comunicado oficial, Erekat señaló que la decisión de la CPI representa un paso más hacia una investigación que podría "poner fin a la impunidad de los perpetradores" y que simboliza "un mensaje de esperanza" y de que la "justicia es posible".
Bensouda declaró hoy que "existe una base razonable para proceder con una investigación" y ha pedido a los jueces iniciar las pesquisas de supuestos crímenes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.
Sin embargo, pidió a una sala de cuestiones preliminares de la CPI que especifique "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.
Erekat espera que la investigación avance inmediatamente al considerar que las principales víctimas de la demora de la Justicia son el pueblo palestino, "que sufre a diario los crímenes de la ocupación israelí".
Por otra parte, Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, valoró que "no hay duda de que la CPI tiene jurisdicción en Palestina", que "Israel debe pagar por sus crímenes" y que "los palestinos no aceptarán la exclusión de la universalidad de los derechos humanos".
"Estamos empoderados y determinados a alcanzar Justicia, compensación y responsabilidad a través de mecanismos internacionales, incluyendo la CPI", aseveró.
La fiscal considera que hay base para señalar al Ejército israelí con presuntos crímenes de guerra por su acción durante la operación militar en Gaza de 2014, como a las autoridades israelíes por transferir población civil de una población ocupante a un territorio ocupado (Cisjordania, incluida Jerusalén Este), en el proceso investigado desde junio de 2014.
Del mismo modo, pide ahondar en la investigación de los más de 200 palestinos que ha muerto durante las marchas semanales de Gaza que comenzaron en marzo de 2018.
En relación al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en el enclave, señaló que "hay bases razonables para creer que miembros de Hamás y de grupos armados palestinos" también cometieron crímenes de guerra, incluyendo ataques intencionados contra civiles.
