Busca Panamá a desaparecidos 30 años después de la invasión de EUA

“Acuérdate de recoger temprano a los niños porque hoy yo no puedo recogerlos”.

Aunque han pasado casi 30 años desde que escuchó estas palabras, Iris Herrera dice que recuerda vívidamente la última conversación que tuvo con su esposo, un militar panameño que desapareció tras la invasión estadounidense que expulsó al dictador Manuel Antonio Noriega de este país centroamericano.

Como esta mujer de 76 años, muchos otros familiares de militares y civiles que fallecieron o desaparecieron tras la acción militar de 1989 tienen la esperanza de que pronto puedan dar con el paradero de sus seres queridos. Su esperanza reside en una Comisión de la Verdad que fue creada en 2016 y hasta la fecha ha logrado registrar alrededor de 15 casos que podrían comenzar a resolverse cuando a inicios de 2020 se vuelvan a exhumar cuerpos enterrados en un cementerio de la capital que no fueron identificados.

Herrera cuenta que la noche de la invasión su marido --Braulio Bethancourt, teniente de las antiguas fuerzas militares de Noriega-- la llamó para decirle que debía estar de guardia en un cuartel de la capital. “Quiero que te quedes en casa y me cuides a mis nietos y a mis hijos”, recuerda haber escuchado.

Horas más tarde, casi a la medianoche, volvieron a conversar y él le dijo: “Ya empezó. Ya nos están invadiendo, están tirando con arreos de combates en todos los cuarteles”. Esa fue la última vez que lo escuchó y desde ese momento comenzó una agonía que se ha prolongado por tres décadas al no poder encontrarlo.

Estados Unidos lanzó su “Operación Causa Justa” la madrugada del 20 de diciembre con unos 27,000 soldados y el objetivo de capturar a Noriega, proteger la vida de los estadounidenses que residían en el país y restaurar la democracia en la nación del canal interoceánico, según pregonó el entonces presidente estadounidense George Bush padre.

La acción comenzó con un feroz bombardeo al barrio popular del Chorrillo, donde operaba el cuartel general de Noriega. El fuego destruyó las viejas casas de madera del gueto capitalino y desplazó a miles de personas.

Hoy el barrio mantiene zonas desoladas donde según los residentes cayeron bombas, un poste de hierro de luz eléctrica que muestra orificios por el impacto de balas y grafitis en las paredes del gueto que despliegan frases como: “Prohibido olvidar” y “20 de diciembre, duelo nacional”.

Muchos de los que sobrevivieron a la invasión aún se quejan de los pequeños apartamentos que el gobierno luego les entregó en edificios multifamiliares de concreto construidos en el barrio destrozado después de la invasión. Los residentes del Chorrillo, que históricamente han vivido con la violencia y la actividad de bandas delictivas, también se quejan de la pobreza y la falta de empleo.

“La invasión dejó muchas armas en el barrio y la violencia se incrementó”, dijo la veterana dirigente del barrio del Chorrillo, Olga Cárdenas. “Muchos de los chicos que crecieron tras la invasión exigen oportunidades; también tiene traumas del bombardeo”.

De acuerdo con datos oficiales, 300 militares y 214 civiles panameños --muchos del Chorrillo-- murieron durante la invasión, aunque la cifra sigue generando controversias y grupos de derechos humanos, así como la Asociación de Familiares de los Caídos, consideran que es mucho mayor. Del lado estadounidense, se registraron 23 soldados muertos.

Muchos de los fallecidos panameños fueron enterrados en fosas comunes en un cementerio de la capital, pero meses después y ante el reclamo de familiares se hicieron unas exhumaciones en que se lograron identificar a muchos de los restos. Sin embargo, ese no fue el caso de Iris y otros, que durante ese proceso de exhumación no lograron encontrar a sus seres queridos. Otros ni siquiera se presentaron.

“Buscamos entre los muertos y nunca lo hallamos”, dijo Iris a The Associated Press desde su residencia en las afueras de la capital, donde mostró una elegante vestimenta militar con la insignia de las antiguas Fuerzas de Defensa de su marido.

“Había de todo, vimos cuerpos de hombres... vimos el de una anciana, el de una muchacha, pero no encontramos a mi esposo”, agregó.

Iris, quien trabajaba en ese entonces como auxiliar de enfermería en las fuerzas militares de Noriega, dijo que ella y los familiares de su esposo pusieron anuncios en los periódicos de la época y estuvieron pendientes a cualquier información que pudiera dar con su paradero, pero todo fue en vano.

No fue hasta décadas después, con la creación de la Comisión 20 de diciembre, en que se le abrió la posibilidad de dar con el paradero de su familiar. Ésta se estableció para contribuir a determinar el número preciso y la identidad de las víctimas, dijo a la AP el secretario ejecutivo de esa instancia, José Luis Sosa. Además, para dar a “conocer las graves violaciones” a los derechos humanos durante conflagración.

Sosa agregó que la comisión, integrada por cinco miembros de la sociedad civil reconocidos en el campo jurídico y académico y que comenzó a operar activamente en 2017, logró recabar documentos, entre ellos archivos judiciales, algunos con sobreseimiento provisional, así como nuevos elementos de investigación y testimonios de los familiares de víctimas. Con los nuevos elementos y pruebas solicitaron la exhumación y reapertura de 15 casos de personas entre desaparecidas y desconocidas, explicó.

“Sabemos que hay más personas desconocidas y desaparecidas y que probablemente puedan ser encontradas en estas tareas”, agregó.

El Ministerio Público dio el aval para la reapertura de los casos y con ellos las nuevas exhumaciones. La zona donde se realizará ese proceso incluye pequeñas fosas donde hay cuerpos sepultados individualmente y con puntos ya identificados previamente por la Comisión.

El grupo ha constituido un banco de ADN con muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas, las cuales serán contrastadas con los restos que se exhumarán. Entre los casos figura el del teniente Bethancourt. A sus tres hijos se les extrajo ya las muestras sanguíneas.

“Ya estamos en camino para el reconocimiento de algunas personas desaparecidas, no en su totalidad porque a 30 años muchas evidencias ya fueron perdidas”, destacó Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares de los Caídos. Refirió que durante los diez años que lleva dirigiendo esa organización se le han acercado personas que le han expresado la pérdida de sus familiares durante la invasión, pero que no se atrevían a denunciarlo.

Ayola explicó que todo este proceso se da gracias a que la gente se atreve a hablar más, algo que no hicieron antes por temor a las autoridades.

A diferencia de otros familiares, ella sí se enteró rápido de la muerte de su esposo y su localización en una morgue capitalina gracias a una desgarradora fotografía divulgada en un periódico que llegó a sus manos.

Ella y los familiares de los caídos, entre tanto, lograron esta semana algo por lo que habían reclamado desde la invasión: que el gobierno declarase, por primera vez, día de duelo nacional el 20 de diciembre. Los familiares también obtuvieron lo que consideraron una victoria moral el año pasado con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culpó a Estados Unidos de la invasión y pidió resarcimiento.

Para Estados Unidos, sin embargo, fue una mera recomendación, ya que ese país no reconoce la jurisdicción de la CorteIDH, que es la instancia superior a la CIDH, según expertos.

“Finalmente hay señales importantes para las víctimas a medida que se aproxima el 30 aniversario”, dijo Ayola a la AP. “El duelo nacional y la posibilidad que otras familias identifiquen a los suyos para que los entierren como debe ser. No pueden quedar en el olvido”.