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Internacional

Difunde la ONU informe sobre graves violaciones a derechos humanos en Chile

Como resultado de la represión de las manifestaciones que ocurren desde hace casi dos meses

AP
SANTIAGO DE CHILE, CHILE , viernes 13 de diciembre 2019, actualizada 12:08 pm

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Las Naciones Unidas difundió el viernes un lapidario informe en el que afirmó que en Chile se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en la represión de las manifestaciones que desde hace casi dos meses demandan justicia social.

El informe de 30 páginas de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, es el resultado de una visita al país en noviembre que se prolongó por tres semanas.

“Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, indicó el documento.

Agregó que “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

Pero el gobierno relativizó el informe y la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, dijo que “es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada”.

Añadió que el documento da por cierta la existencia de violaciones a los derechos humanos "antes de que concluyan las investigaciones en curso".

La policía informó la víspera que han instruido 856 investigaciones internas y que dio de baja a ocho agentes antimotines “por incumplimiento grave de los protocolos”. Agregó que la mayoría de los casos siguen su curso y que otros están listos para que se propongan sanciones o se absuelva a los involucrados.

La conclusión del informe de las Naciones Unidas coincide con las aseveraciones de otros organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

La investigación destacó que el alto número de personas con lesiones oculares o faciales, unas 350, demuestra que hay razones fundadas para creer que “se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”. Explicó que aunque la mayoría de las heridas son por perdigones, otras son por el “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno”.

El gobierno se quejó porque el informe no considera las lesiones oculares informadas por el Ministerio de Salud, según el cual de 239 pacientes 16 sufrieron la pérdida total de visión en un ojo, 75 tienen visión normal y 148 están en “evaluación”.

El documento afirmó que las autoridades chilenas sabían del alcance de las lesiones oculares desde el 22 de octubre pero “no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones”.

El uso de estas escopetas fue suspendido temporalmente casi un mes después cuando el máximo jefe policial, general Mario Rozas, admitió diferencias entre un informe del fabricante de los perdigones y balines y uno de expertos de la Universidad de Chile: la policía afirmaba que los proyectiles eran de goma y los especialistas que los perdigones contienen un 20% de caucho y un 80% de sílice, sulfato de bario y plomo.

“Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, destacó la oficina de Bachelet.

La investigación concluyó además que “un gran número” de detenidos “fueron maltratados. Algunos de esos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían desaparecidas, equivalen a tortura”.

“Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámara de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados” y mujeres, niñas y homosexuales “han sufrido formas específicas de violencia sexual”.

La oficina de la Alta Comisionada sugirió a Chile adoptar medidas como supervisar las actividades de las fuerzas de seguridad, garantizar que usen identificación y que “adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.”.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, informó esta semana que el contingente antimotines cambiará de nombre y jefatura y que muchos de sus miembros serán entrenados de nuevo.

Finalmente, la oficina de Bachelet agradeció la “amplia cooperación” del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

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