SUN-AEE
MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación interna en la que se involucra al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), Estuardo Mario Bermúdez Molina, a raíz de la reciente acción del Ejército en Tijuana.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR, en el operativo implementado por el Ejército se detectó que siete elementos de la FEADS le solicitaron a dos presuntos narcotraficantes la cantidad de dos millones de dólares para dejarlos en libertad y regresarles cuatro toneladas 800 kilos de mariguana.
A Bermúdez Molina, así como a diversos integrantes de la Fiscalía se les investiga porque no cumplieron con las instrucciones que giró el procurador Rafael Macedo de la Concha “en el sentido de que todas las subsedes de la FEADS en el interior del país se integraran operativamente bajo el mando de los delegados de la institución en los estados”.
La medida ordenada por Macedo de la Concha tenía “la finalidad de mantener supervisión y control sobre el personal de dicha unidad administrativa”.
Pero esta instrucción no se cumplió, dado que las subsedes de la FEADS venían trabajando prácticamente de manera autónoma en el interior del país. De ahí que acciones como la detectada en instalaciones de la Fiscalía en Tijuana no habían sido ubicadas.
De tal suerte que tras detectarse el incumplimiento de las instrucciones de Macedo de la Concha “se ordenó la investigación respectiva para deslindar las responsabilidades del caso”.
En el texto firmado por ambas instituciones se aclaró que el operativo que llevó a cabo el Ejército Mexicano en la sede de la FEADS en Tijuana se derivó de una solicitud que le hizo Macedo al secretario de la Defensa, Clemente Vega, para verificar posibles irregularidades en el armamento y condiciones de seguridad.
de dichas instalaciones.
Como resultado de dicha acción, en la que también participaron elementos de la PGR adscritos a otras áreas, se ejercitó acción penal en contra de los siete integrantes de la FEADS: Luis Alberto Tadeo Álvarez, Alfonso Medina Bautista, Alejandro García Flores, José Miguel Uribe, Marco Antonio Reyes Díaz, Guadalupe Jacqueline Muñiz y Verónica Elizabeth Lizárraga Aguilar.
A los servidores públicos se les responsabiliza de los delitos de extorsión, contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento al narcotráfico, contra la administración de justicia y privación ilegal de la libertad.
Mientras que los presuntos narcotraficantes Othoniel Díaz García y Jaime Díaz García, a quienes también se les había asegurado un fusil de asalto AK-47 y dos vehículos, fueron puestos a disposición del juez federal correspondiente.
