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Joven herido en ambos ojos en protestas en Chile queda finalmente ciego

Pese a que había esperanzas de que pudiera conservar algo de visión en uno de los ojos

Gatica, de 21 años y estudiante de Psicología, fue disparado por un carabinero (nombre de la Policía chilena) el pasado 8 de noviembre cuando se encontraba protestando en Plaza Italia. (ESPECIAL)

Gatica, de 21 años y estudiante de Psicología, fue disparado por un carabinero (nombre de la Policía chilena) el pasado 8 de noviembre cuando se encontraba protestando en Plaza Italia. (ESPECIAL)

EFE

El joven Gustavo Gatica, que recibió disparos de perdigones en el rostro durante una manifestación en Chile, quedó finalmente ciego, pese a que había esperanzas de que pudiera conservar algo de visión en uno de los ojos, informó este martes el hospital donde lleva ingresado 17 días.

"La gravedad de sus lesiones determina que su condición sea visión cero bilateral permanente", indicó en un escueto comunicado la Clínica Santa María, ubicada en el centro de la capital chilena y de la que el joven tiene previsto salir este martes.

Es el primer manifestante que pierde completamente la vista por disparos de perdigones y se ha convertido en el caso más paradigmático de los actos de brutal represión que se han observado en algunas acciones de las fuerzas de seguridad para dispersar las manifestaciones que se suceden en Chile desde el 18 de octubre.

Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente, un total de 232 personas tiene graves heridas oculares producto de balines disparados por los agentes desde el inicio de la crisis, unas cifras inéditas en el país y que los médicos han calificado de "epidemia".

El joven "mantendrá controles ambulatorios, que incluyen terapia kinesiológica, ocupacional, apoyo psicológico y psiquiátrico", y "será controlado durante las próximas semanas por un equipo multidisciplinario de especialistas", agregó el hospital.

Gatica, de 21 años y estudiante de Psicología, fue disparado por un carabinero (nombre de la Policía chilena) el pasado 8 de noviembre cuando se encontraba protestando en Plaza Italia, la rotonda convertida en el epicentro del estallido social más grave que vive Chile desde el retorno de la democracia en 1990.

"Le pregunté a Gustavo qué quería que transmitiera cuando hablara alguien de la familia y lo primero que me dijo es 'sigan luchando', porque él está muy consciente de por qué estaba en Plaza Italia ese día", dijo hace unos días uno de los hermanos del joven tras interponer una querella criminal contra el cuerpo policial.

Usuarios llamaron este martes a concentrarse a las puertas de la clínica para apoyar al joven, mientras que la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a la que pertenece pidió la dimisión del director general de Carabineros, Mario Rozas: "No son hechos aislados, es una política de Estado", aseguró el centro de estudios.

Luego de que las imágenes de jóvenes con mutilaciones oculares dieran la vuelta al mundo y de que organismos internacionales denunciaran graves violaciones a los derechos humanos, la Policía anunció el pasado 19 de noviembre la suspensión temporal de estas municiones como herramientas antidisturbios y reconoció tener dudas sobre su composición, pese a que al principio de la crisis había sostenido que estaban compuestos solo de goma.

La Universidad de Chile reveló días antes en un informe que los proyectiles tenían un 20 % de caucho y un 80 % de sílice, sulfato de bario y plomo, lo que les hacía tener una "dureza equivalente a una rueda de skate (patineta)".

La Fiscalía, que ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas o violencia sexual, investiga si agentes usaron estas municiones tras la suspensión.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que clama por un modelo económico más justo y que ya se ha cobrado la vida de 23 personas, cinco a manos de agentes del Estado.

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