La Patrulla Fronteriza estadounidense asegura que seguirán devolviendo a migrantes por Tamaulipas. (ARCHIVO)
A diferencia de otras ciudades fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo apenas se ven migrantes por las calles. El miedo los enclaustra aun a sabiendas de que no están seguros ni en los albergues, de donde se llevaron este verano a un pastor, Aarón Méndez, que todavía está desaparecido.
Mucho menos en los trayectos desde y hasta la terminal de autobuses.
Un par de meses después de la desaparición de Méndez, hombres armados interceptaron a unas personas que ayudaban a los migrantes en estos traslados. Se llevaron a los que iban en su camioneta y lanzaron una clara advertencia: si seguían con esa práctica, los matarían.
Kennji Kizuka, investigador del colectivo Human Rights First, con sede en Nueva York, cuenta la historia de una mujer que al cruzar a Estados Unidos para su cita tuvo que entregar su celular. Durante las horas que estuvo incomunicada, su familia recibió llamadas diciendo que ella estaba secuestrada y exigiéndole agresivamente el pago del rescate.
"Está claro que tienen un sistema muy sofisticado para elegir a sus víctimas", afirma Kizuka.
El investigador menciona otro caso en el que miembros del crimen organizado entraron en la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Nuevo Laredo para llevarse a migrantes retornados. Una mujer se escondió en el baño con su hija y logró llamar a un pastor para que fuera a sacarlas de allí. El vehículo entró en el estacionamiento de migración, madre e hija subieron, pero fueron bloqueados a unas calles de ahí. Según Kizuka, las migrantes fueron sacadas del vehículo, aunque los narcos acabaron liberándolas sin hacerles daño gracias a que usaron una clave, como hizo Yohan.
Mientras todo esto sucede, los gobiernos de los dos países parecen mirar para otro lado.
La cancillería mexicana declinó hacer comentarios para esta historia. Y la Patrulla Fronteriza estadounidense asegura que seguirán devolviendo a migrantes por Tamaulipas.
Brian Hastings, jefe de operaciones de la Patrulla Fronteriza, indicó a la AP que la cantidad de solicitantes de asilo retornados se había reducido recientemente porque llegaban menos migrantes a la frontera, no debido a la violencia.
Dijo no creer que "exista una amenaza hacia esa población" y consideró que lo que ocurre en Tamaulipas es "una pequeña guerra entre el cártel y la policía del estado".
Los números muestran, sin embargo, que el peligro es real.
En agosto, Human Rights First tenía registrados 110 crímenes violentos contra migrantes retornados. En octubre, cuando ya se habían abierto las devoluciones por Tamaulipas, esa cifra se triplicó. Y Kizuka considera que esto sólo es la punta del iceberg.
Denunciar o investigar en un estado considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una gran "zona de silencio" puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
En diversos viajes a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey la AP entrevistó a decenas de personas que habían sido víctimas de algún delito, pero sólo una denunció.
En el país, los secuestros no son nada nuevo.
En plena guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó unos datos que sobrecogieron: en sólo seis meses durante 2009 registraron que casi 10,000 migrantes habían sido víctimas de secuestro mientras atravesaban México.
En aquellos años, los cárteles estaban siendo fragmentados por la acción gubernamental y además luchaban entre ellos, con lo cual los migrantes cubrían dos necesidades básicas: dinero y mano de obra. O sus familias pagaban o trabajaban para ellos. La otra alternativa era la muerte.
Aunque la situación se dio en toda la ruta migratoria, Tamaulipas se convirtió en un símbolo de esas atrocidades cuando en 2010 se encontraron 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando y un año después 193 cadáveres en fosas clandestinas de la misma zona. Aparentemente todos fueron migrantes víctimas de venganzas entre grupos antagónicos para perjudicar el negocio de los rivales.
Ahora la situación es distinta, explica Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Los grupos quieren sobre todo financiación. "Tienen que recuperar mucho del dinero perdido en esas guerras". Y alerta: la situación puede escalar. "Estamos repitiendo el mismo camino de impunidad y dios no quiera que tenga que aparecer otro San Fernando".
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere evitarlo a toda costa y asegura haber reforzado su lucha contra los traficantes con un despliegue de más de 25,000 efectivos militares y de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur y en las principales rutas.
Sin embargo, todos los testimonios recopilados en esta historia describen situaciones que ocurrieron después de ese despliegue.
REYNOSA, PUNTO MUERTO
Reynosa, en la frontera con McAllen, es una ciudad de maquilas de 650,000 habitantes y la más grande de Tamaulipas. Es también el símbolo de las guerras más sangrientas del noreste de México y uno de los principales puntos de cruce ilegal hacia Texas junto con Ciudad Miguel Alemán. Estados Unidos no devuelve a solicitantes de asilo por ahí, pero muchos quedaron varados esperando una oportunidad para atravesar el río o a la espera de su turno para pedir asilo en la garita. Otros llegan cuando son devueltos por otras ciudades, creyendo que pueden estar más seguros o encontrar trabajo.
La ciudad, disputada por grupos rivales, parece tener un cerco invisible y la mayoría de los migrantes entrevistados dijeron haber tenido que pagar cantidades diferentes para atravesar los controles situados en las principales entradas.
Fortino López Balcázar, abogado y defensor de derechos humanos, recuerda que los migrantes siempre han sido presa de los cárteles, aunque de forma diferente. La delincuencia se apoderó primero del río, y ahí los asaltaban y golpeaban. Luego empezaron a llevárselos de la estación de autobuses, más tarde de las calles.
EL AEROPUERTO ESTÁ IGUAL DE CONTROLADO.
Una maestra de 46 años de La Habana y su hijo de 16 aterrizaron aquí el 13 de agosto desde Ciudad de México con el teléfono de un taxista de confianza que les dio el abogado con quien habían coordinado el viaje. Ya en el taxi hacia el centro de Reynosa, en plena mañana, otros dos taxis les bloquearon, se subieron unos hombres, les quitaron el celular y el dinero y se los llevaron a una casa en construcción.
"El abogado nos vendió", asegura indignada la mujer.
Por la noche fueron trasladados a un lugar al aire libre, una especie de bosquecillo aparentemente no lejos del Río Bravo donde había más rehenes. Entre ellos un grupo de cubanos que también habían sido capturados al salir del aeropuerto, cuando varios vehículos les interceptaron.
"El tráfico se paró", explica uno de los hombres. "Parecía que el FBI nos cayó como si fuéramos terroristas", agrega, convencido que quien les delató fue el agente de migración que les atendió al aterrizar porque discutieron por unos documentos.
El gobierno de López Obrador llegó a decir que el INM era una de las instituciones más corruptas de México. A principios de año, ese organismo anunció una limpieza y más de 500 funcionarios fueron cesados en todo el país. Según una persona con información de ese proceso, Tamaulipas fue uno de los estados más afectados por la purga. Algunos de los despedidos trabajaban en los aeropuertos. Otros en Reynosa.
En febrero fue destituido el subdelegado del INM en Reynosa, a quien acusaron de cobrar más de 3,000 dólares a los migrantes que detenía para no deportarlos. Meses después volvieron las denuncias, esta vez por exigir pagos de 1,500 dólares por adelantar a migrantes en la lista de espera, un instrumento que se ha prestado a mucha manipulación en diversos puntos de la frontera.
En el bosquecillo, la maestra y su hijo pasaban día y noche angustiados. Ahí la presentaron al "comandante" que le dijo que tenía que "pagar por el piso" y una multa por no ir con guía. El rescate era de 1,000 dólares por cabeza.
No les maltrataron. "Lo peor era lo que veías", susurra ella.
Y lo que vio fueron las entrañas del crimen organizado, situaciones propias de las películas que veía en Cuba con la antena parabólica ilegal que la puso en la mira de las autoridades.
Estas escenas se desarrollaban ante sus ojos, sin que supiera muchas veces qué ocurría: una vez un hombre intentó asfixiar a otro con un nylon en la cara; en otros momentos los secuestradores, algunos apenas adolescentes, golpeaban a un coyote, también secuestrado, por ser del grupo contrario. De lo que le gritaban, entendió que querían forzarle a trabajar para ellos.
El terror se apoderaba de ella cuando pasaba un helicóptero y sus captores les urgían a esconderse como pudieran porque si eras descubierto en el sobrevuelo el rescate subiría de 1,000 a 20,000 dólares por cabeza. Si se escapaba alguno de los compañeros, también.
El bosquecillo era un ir y venir de gente: unos llegaban golpeados, otros querían cruzar ilegalmente a Estados Unidos, algunos más eran entregados por hombres uniformados.
A la maestra, una mujer delgada de rostro alargado y enormes ojos negros, le cuesta todavía entender del todo lo que pasaba en aquel lugar; un infierno donde "la empresa", así llamaban los secuestradores a su grupo, compraba y vendía seres humanos.
Edith Garrido, una monja que trabaja en la Casa del Migrante de Reynosa, cuenta que parte de ese trasiego se debe a la acción de policías o criminales vestidos de policías, a los que llaman "polinegros" o "los clonados".
"Van a las casas de seguridad, les dicen al grupo 'dame 10, 15, 25'; ellos dicen que se los van a llevar a un lugar más seguro y se lo ofrecen al mejor postor", es decir, al pollero que más dinero les dé para luego hacer lo que quiera con ellos.
"Un migrante es dinero para ellos", asegura la religiosa, "no una persona".
Los secuestradores les dejaban a los migrantes los celulares algunas horas para coordinar con familiares los pagos del rescate, siempre pequeñas cantidades a cuentas bancarias distintas. La maestra rompe en llanto al recordar cómo su hija de 25 años tuvo que empeñar todo lo que tenía en Cuba para juntarlo porque ninguno de sus contactos en Estados Unidos la quiso ayudar. Tenían miedo.
Cuando la mujer reunió el dinero, le tomaron una foto y la metieron en un taxi junto a su hijo y a otra cubana. El taxista paró en una carretera y les dijo que quedaban libres. Antes, les quitó el celular.
En espera de su próxima audiencia, aterrada y con su hijo enfermo y traumatizado, la maestra consiguió un empleo en la construcción para poder mantenerse.
Como no hay suficiente espacio en los albergues, la alta demanda de habitaciones ha hecho que las rentas se encarezcan. La oferta puede ir desde los 35 dólares por persona al mes por una habitación para cinco --como la que renta la maestra en un barrio marginal-- a los 300 o 500 dólares por casas más seguras.
Aunque realmente seguro, no hay nada en esta ciudad.
El mes pasado, una familia salvadoreña perdió su turno para iniciar los trámites de asilo en Estados Unidos porque una balacera les impidió salir de su casa.
Garrido, la religiosa, asegura que algunos migrantes incluso pagan por protección. Otros rentan directamente a gente vinculada a los cárteles, sean conscientes de ello o no. Así que para la monja hay una sola conclusión clara: "Por un lado o por otro, el crimen organizado siempre gana".
