El decreto también busca regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público. (ARCHIVO)
Al menos 5 mil 700 funcionarios comenzarán con el proceso de amparo para protegerse contra la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado, luego de que este lunes se publicó la Ley de Austeridad Republicana en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con el abogado encargado de interponer los amparos, Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, se tienen hasta 30 días a partir de la entrada en vigor de la ley, este miércoles, para que los funcionarios que quieran ampararse entren al proceso legal.
Detalló que la firma será la primera en interponer los amparos y es probable que el número de trabajadores crezca en los próximos días. El abogado prevé que varios despachos interpongan demandas, debido a que la restricción de 10 años corta su trayectoria profesional.
Trusan & Roma informó que los trabajadores que hasta el momento han interpuesto amparos bajo su firma son de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para especialistas, es una ley restrictiva que coloca a México como el país con el mayor número de años de bloqueo para que un funcionario labore en el sector privado. En Estados Unidos, este tipo de restricción para trabajadores públicos, un fenómeno conocido como "puerta giratoria", es de cinco años, En España, Japón, Reino Unido y Países Bajos son dos años.
De los pocos funcionarios que se han manifestado sobre la ley es el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, quien dijo que hasta el momento no ha habido problemas de la operación del organismo, y será a partir de la publicación de la norma que se conozca si hay renuncias.
El decreto también busca regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público y coadyuvar a que los recursos económicos que se dispongan se administren con eficacia.
