La familia afectada acudió a la Fiscalía y a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar pero aún no ha habido avance. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Integrantes de una familia acusaron a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la ciudad de Torreón, de presunto abuso de autoridad, además de despojar de 45 mil pesos a la propietaria de una miscelánea, la cual se encuentra en la colonia La Paz.
Afirman que pese a que los hechos ocurrieron el 10 de mayo y que se puso la denuncia el día 13 del mismo mes, en la Fiscalía del Estado, a casi seis meses las investigaciones no avanzan para que al menos se pueda precisar quiénes fueron los elementos que presuntamente cometieron el hecho.
Según la versión de la familia afectada ese día, aproximadamente a las 23:00 se había cerrado el negocio, el cual cuenta con permiso de venta de alcohol. La persona encargada en ese momento se dirigía hacía su camioneta, la cual había dejado enfrente, pero en ese momento pasaron tres automóviles y una camioneta de la corporación y se dirigieron hacía un taxi que es propiedad de su tío, el cual estaba estacionado a un lado del negocio, en donde también el señor coloca un puesto para vender vasos michelados.
Comentaron que eran al menos 10 agentes que iban en los cuatro vehículos, se acercaron al taxi para realizarle una revisión y le encontraron a su familiar algunos botes de cerveza, motivo por el cual empezaron a golpearlo, al igual que a otro joven que se encontraba en el lugar. Luego algunos policías se acercaron a ella, acusándola de vender las bebidas fuera del horario permitido, señalamiento que rechazó, por lo que, con palabras altisonantes, le pedían las llaves de la camioneta, pero se opuso.
Esto provocó que la agresión subiera de tono, hasta someterla y lograr su objetivo, para luego sacarle de su bolso alrededor de 45 mil pesos.
Cuentan que mientras eso ocurría los agentes que se comunicaban en claves, se dirigieron a uno de ellos a quien llamaron "comandante", y señalaron hacia arriba, pues se percataron que al exterior del establecimiento se encontraban cámaras de vigilancia.
Le exigieron que abriera el establecimiento, a lo cual se negó, pero ante los golpes a su familiar y al joven, no le quedó otra opción más que hacerlo.
Relata que los agentes extrajeron el disco duro de la computadora del circuito de vigilancia. Dice que incluso le quitaron su teléfono celular para asegurarse que no lo tuviera conectado a las cámaras.
La afectada comentó que antes de retirarse, los agentes le dijeron: "más te vale que no hagas escándalo, que no hagas nada porque si no te va a ir de la chin…".
Dice que aseguraron tener nexos con el crimen organizado y que cada vez que se les "pegara la gana" volverían para "reventarle" el negocio.
Platican que ese mismo día, en la madrugada, acudieron a la Fiscalía a denunciar, pero para su mala fortuna reconocieron a algunos agentes que horas antes presuntamente habían participado en el hecho, por lo que se acercaron y los amenazaron con detener a las personas que los acompañaban.
Decidieron retirarse pero regresaron después. La persona del Ministerio Público que los atendió les dijo que incurrir en falsedad de declaraciones era un delito y serían encarcelados pero ellos no desistieron. Al acudir para ver cómo iba el proceso, la persona les dijo: "aquí para que las cosas avancen hay que dar dinero".
Después de tanto insistir fueron canalizados a la Unidad de Atención Temprana, donde se lleva el expediente 02939/TOR/AUTTOR/2019 y acudieron también a poner su queja a la Comisión de Derechos Humanos, pero insisten que ha pasado casi medio año y no avanzan.
