En Lerdo, el Sindicato de Trabajadores también falsificó el dictamen médico de una persona que ya había fallecido. (EL SIGLO DE TORREÓN/ANGÉLICA SANDOVAL)
Se presentó un recurso de reconsideración ante la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Lerdo, para solicitar que se replantee la situación laboral de las doce personas del Sindicato de Trabajadores que fueron dadas de baja por falta de probidad y que estuvieron involucradas en la falsificación de dictámenes médicos ante el ISSSTE para poder obtener su pensión .
"Presentaron en su inmensa mayoría un medio de impugnación que se llama de 'reconsideración', este se presentó ante la autoridad emisora del acto que ellos reclaman, que fue la determinación de darlos de baja y la anulación de su estatus de considerados por las razones que es de todos conocido", explicó Gerardo Lara Pérez, secretario técnico en el Municipio.
El funcionario indicó que esta recurso de reconsideración se hizo conforme al Reglamento de Medios de Impugnación, por lo que el Ayuntamiento tiene que "respetar y diligenciar, el mismo se presentó ante la Dirección Jurídica y el cuál está en trámite, está por resolverse".
Lara Pérez, mencionó que si no hay una respuesta que beneficie a estas doce personas, ellos podrán presentar otro recurso de inconformidad.
"Se presenta ante la autoridad responsable, pero lo va a resolver el Juez Administrativo Municipal. Nuestra opinión es que estamos en completo respeto a la realización de sus derechos y vamos a esperar lo que determine, en primera instancia la Dirección Jurídica que de antemano y sin que se considere que estamos prejuzgando, pues lo lógico es que se confirme y ya el Juzgado sería otro punto de vista, si es que se presenta la inconformidad", mencionó.
Como se recordará, el Ayuntamiento de Lerdo detectó en octubre la falsificación de 13 de 24 dictámenes médicos de personas incorporadas al Sindicato de Trabajadores de Lerdo con el Registro No. 34 en el Tribunal Laboral Burocrático que pasaron al rubro de "consideradas" (pensionados) en la pasada administración, de María Luisa González Achem.
La información fue revelada después de una solicitud que el Municipio le hiciera a la subdelegación del ISSSTE en Durango y en la que se identificó que en los archivos de esta última no existen dichos documentos, además de que los supuestos informes médicos con los que se aprobaron las pensiones de los trabajadores no fueron firmados por médicos del Instituto.
