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Internacional

Apremian a decidir sobre el muro fronterizo con México

En específico acerca de la legalidad de los fondos destinados por el Gobierno de Donald Trump

EFE
SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, miércoles 13 de noviembre 2019, actualizada 7:21 am

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Los abogados que representan a un grupo de varios estados y ONGs de EUA apremiaron este martes a la Justicia a decidir pronto sobre la legalidad de los fondos destinados por el Gobierno de Donald Trump a construir un muro fronterizo con México, un proyecto que ya está en marcha.

El abogado de la Unión de Libertades Civiles de EUA (ACLU, por su sigla en inglés), Dror Ladin, pidió a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones que lleva el caso que tome una decisión "tan rápido como pueda" para evitar que, en caso de un fallo favorable a sus intereses, la construcción haya avanzado más.

En la vista celebrada este martes, el abogado acusó al Gobierno de estar dándose prisa en la construcción del muro para ganar tiempo ante una posible sentencia que dicte que los fondos se están usando para ese fin de forma ilegal y aseguró que, en caso de que así sea, desde ACLU pedirán que se derribe lo que se haya construido hasta el momento.

"Estamos yendo a contrarreloj para prevenir daños irreversibles a la Constitución, el medio ambiente y las comunidades fronterizas por parte de la obsesión xenófoba de Trump con el muro. Si las cortes permiten que el presidente se salga con la suya con este abuso de poder, otros le seguirán sin que se pueda impedir", apuntó Ladin.

El pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de 2,500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la renovación del muro fronterizo con México.

Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6,600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.

Es precisamente la desviación de fondos lo que los demandantes alegan que es ilegal, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar de esta forma una decisión tomada por el poder legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el Gobierno use los 2,500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto un tribunal inferior, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.

Es previsible, que en caso de que el Noveno Circuito fallase en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para que tome una decisión definitiva.

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