Los formatos de preinscripción para educación básica no son incluyentes, requieren de información de padre y madre, lo que representa una complicación para madres y padres solteros y familias homoparentales o lesbomaternales. (ARCHIVO)
Activistas del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León aseguraron que funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado no han accedido a conversar sobre peticiones de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer (LGBTQ+).
Afuera del Congreso local, Jennifer Aguayo y Mario Rodríguez Platas, líderes de la organización, señalaron que al saber que sería abordada, la titular de la dependencia, María de los Ángeles Errisúriz habría “salido por otra puerta”.
La semana pasada, el colectivo acudió a la dependencia en compañía del tutor de un menor, alumno de la Secundaria 12, acusando que la directora del plantel había realizado comentarios discriminatorios al adolescente, pues su tío vive con su pareja del mismo sexo.
Los dirigentes del Movimiento apuntaron que los formatos de preinscripción en línea para educación básica no son incluyentes, pues requieren de información de padre y madre, lo que representa una complicación para madres y padres solteros, en viudez y familias homoparentales o lesbomaternales.
“Nos dieron una cita con la gente de programación porque ellos lo están manejando como un error que se puede ajustar, pero queremos hablar directamente con la titular de la SEP para que pueda resolver esta situación de raíz.
"Este es un programa piloto que no está en ningún otro estado, para que se resuelva y puedan incluir a todos los tipos de familias. La noticia es que al vernos por aquí, se nos fue”, señaló Aguayo.
Por su parte, Rodríguez Platas exigió que la docente del municipio de Apodaca identificada como María del Carmen, que presuntamente actuó contra el menor y su situación familiar, sea sancionada de manera severa.
A decir del activista, la directora se encuentra suspendida mientras se llevan a cabo las investigaciones y el afectado fue reintegrado a clases.
“El Código penal del Estado de Nuevo León en el artículo 353 establece el delito de discriminación, tiene que aplicársele a ella. No pueden hacer lo que ha hecho la iglesia católica con los pederastas: los mandan a otra parroquia.
“La maestra tiene que estar fuera del sistema educativo, le faltan dos años para jubilarse, no queremos que la jubilen. Queremos que la sancionen y eso implica que no va a tener pensión, para que nadie lo ande haciendo”, aseveró.
Por su parte, el equipo de comunicación de la SEP destacó que Errisúriz debió retirarse para atender una reunión, pero habló con un medio y padres de familia a su salida, por lo que negó que haya evadido voluntariamente a los activistas, con quienes hablará el próximo miércoles.
