Es un ingreso que se maneja a través de un fideicomiso. (CORTESÍA)
Garantizar que los recursos del Fondo Minero (FM) aterricen en las comunidades donde la industria extractiva tiene proyectos en operación fue la petición hecha por los gobernadores que asistieron a la Convención Internacional de Minería Acapulco 2019.
Los representantes de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero están en guardia porque en las reglas del fondo se eliminó que el dinero debe dirigirse a las comunidades mineras y se cambió la potestad sobre el recurso, antes en poder de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, para entregársela a la Secretaría de Educación Pública.
José Rosas Aispuro, titular del Ejecutivo duranguense, y Alejandro Tello, su homólogo zacatecano, coincidieron en el alegato de que se trata de un recurso que es parte fundamental del presupuesto de estados y municipios con vena minera. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, informó que enviarán una misiva al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitan que se rectifiquen los cambios.
Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía y representante de la administración lopezobradorista en la convención, explicó que la intención del gobierno federal es que el dinero vaya a las escuelas, y todo lo que rodea a los centros educativos, porque ahí puede generar un mayor impacto social.
Sin embargo, la Conferencia Nacional de Gobernadores hizo una propuesta para que el FM sea asignado a la construcción de infraestructura hídrica y carretera, temas que, afirman en la Conago, son los más solicitados por la gente.
En cualquier caso, Quiroga recordó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que marcará el camino a seguir del Fondo Minero toda vez que hay controversias constitucionales presentadas por un gobierno estatal y por varios municipios mineros que pretenden asegurarse el flujo de recursos.
También dijo que se trata de una discusión sobre quién puede ejecutar el gasto de mejor manera: la Federación, el Estado o el Municipio.
El Fondo es un ingreso multianual que se maneja a través de un fideicomiso. El subsecretario de Minería expuso que el pleito jurídico en la SCJN representó dejar de ejecutar proyectos por un monto cercano a los 3 mil 200 millones de pesos.
Del 2014 a la fecha, las empresas mineras han aportado cerca de 18 mil millones de pesos por concepto de derechos mineros.