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Gómez Palacio y Lerdo

Extrabajador municipal exige cumplimiento de laudo

Alberto Núñez fue despedido injustificadamente en el año de 2007 del Ayuntamiento de Lerdo

ANGÉLICA SANDOVAL/EL SIGLO DE TORREÓN
LERDO, DURANGO, domingo 13 de octubre 2019, actualizada 11:35 am

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Crece el número de extrabajadores municipales inconformes por incumplimiento de la liquidación del laudo laboral promovido hace más de diez años en Lerdo.

Ahora es Alberto Núñez Martínez, de 71 años de edad, quien interpuso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Durango una reclamación patrimonial por error administrativo y por actos irregulares en contra del Ayuntamiento.

El documento fue entregado el pasado 3 de octubre del año en curso y también está solicitando que se pague la tasa de interés interbancaria de equilibrio además del pago por daño moral.

El señor, que fue despedido injustificadamente en 2007 y que en ese entonces se desempeñaba como director de Catastro y Predial en el Ayuntamiento de Lerdo, dice que tal incumplimiento lo ha perjudicado pues no tiene derecho a la seguridad social y carece de empleo formal, lo que ha repercutido tanto física, psicológica y económicamente.

"Esperanzado desde hace doce años y esta situación hasta la fecha no ha sido resuelta. Queremos que ya resuelvan esto, son doce años de incertidumbre que hemos llevado a cuestas, hemos luchado hasta la fecha, yo estaba programado para ser liquidado en mayo y junio pasado, en dos pagos, cosa que no sucedió", expresó.

VA A DERECHOS HUMANOS

Además del recurso legal, don Alberto también presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación a sus Derechos Humanos, considerando que es adulto mayor y que ha sido revictimizado "al violentarse mi derecho humano a una justa indemnización y empleo digno, al ser acreedor a derechos laborales (reinstalación y pago de diversas prestaciones) derivados del laudo firme de fecha del 5 de octubre de 2017, dictado dentro de los autos del expediente 304/2007 por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde el sujeto obligado es el Gobierno municipal.

El origen del conflicto se remonta al término de la administración panista 2004-2007, iniciada por la exalcaldesa Rosario Castro y concluida por el exalcalde Antonio Olivas, pues al finalizar la misma se suscitaron una serie de demandas por despido injustificado, entre ellas las de 18 exdirectores municipales.

El juicio comenzó en diciembre de 2007 cuando se presentó la demanda de casi 100 trabajadores de los que quedaron 84.

SU DEFENSA

Héctor Emilio Macías Jurado, representante legal del afectado y defensor de Derechos Humanos, recordó que desde 2017 y hasta el último requerimiento en julio de 2018 (en la gestión de la exalcaldesa María Luisa González Achem), al Municipio se le estuvo multando y apercibiendo.

"El último apercibimiento está de que si no cumplía, se le daría vista al Congreso del Estado por probables responsabilidades políticas cometidas por el Municipio. Hasta la semana pasada, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, aún no turnaba al Congreso del Estado el expediente... quedaron de que ya iban a mandar al Congreso para que se inicie un proceso de responsabilidad política en contra del Ayuntamiento de Lerdo, nosotros estamos insistiendo en que se tienen que agotar todos los cauces derivado del incumplimiento", mencionó.

Macías Jurado dijo que también solicitaron al Tribunal que le dieran vista a la Fiscalía del Estado de Durango por la probable comisión de delitos.

"Ellos dicen en los múltiples requerimientos que no tienen dinero y que no pueden reinstalar porque las plazas están ocupadas, bueno, es obligación de ellos acatar una sentencia, una resolución judicial. Desde el 2017 no han hecho los trámites administrativos ni han hecho dentro de los ajustes presupuestarios necesarios para el Presupuesto de Egresos del 2018 ni para el Presupuesto de Egresos del 2019", explicó.

El abogado considera que el Gobierno municipal "se ha atorado administrativamente" a tal grado que también han expedido cheques sin fondos.

"Ellos se habían comprometido a dos millones de pesos mensuales, al señor le iban a pagar en los meses de mayo y junio, sin que hicieran ningún pago, la pregunta es ¿qué hicieron con ese dinero que dejaron de pagar?, lo más sencillo es que nos convoquen para ponernos de acuerdo en montos y qué va a pasar con la reinstalación, están pagando mal por esa omisión y esa falta de tacto para sentarse y ahora sí vamos a platicar y a establecer los montos.

Es lamentable que una persona que es adulto mayor tenga que pasar por todo esto, él tiene una expectativa de vida sobre esto que le van a dar, para poder vivir con tranquilidad. Ya no hay credibilidad en la justicia, porque si una autoridad dicta una resolución y un Municipio no la cumple y tengo que estar batallando doce años, pues él no cree en la administración de justicia", finalizó.

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