El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anteriormente acusó a los medios de ser esclavos de la Cicig. (ARCHIVO)
Un ente creado por el Congreso de Guatemala comenzó este jueves, en medio de críticas, la fiscalización del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción auspiciado por la ONU y que terminó su misión en septiembre pasado.
Mientras empezaba su trabajo, que estaba previsto que arrancara el 7 de octubre pero que se adelantó porque supuestamente tienen muchas solicitudes y casos, un grupo de diputados del Parlamento presentó una carta abierta en contra de este ente del Congreso, que se suma a los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país.
En la misiva, más de una decena de congresistas aseguraron que ese ente, creado de forma imprevista en el Congreso para fiscalizar los 12 años de la Cicig, es una "afrenta a la historia y a los ideales de cambiar el país" y que su formación puede ser "inconstitucional" y sus acciones "ilegales".
Esto al pretender constituirse en un ente "suprainstitucional que ignora la autonomía e independencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial".
"Hacemos un llamado a los órganos jurisdiccionales, delante de los cuales distintas entidades ya han accionado, para que resuelvan lo que corresponde sobre los alcances, limitaciones y legalidad de esta comisión" del Congreso, asegura la carta firmada, entre otros, por el indígena Amílcar Pop y por Andrea Villagrán, defensora de la Cicig.
Durante 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de "alto impacto", presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.
