Las propuestas contemplan cambios en cuatro artículos del Código Penal Federal, la derogación de dos en los que se penalizaba el aborto, además de adiciones a la Ley General de Salud. (ARCHIVO)
Morena va por despenalizar en todo el país la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mexicanas, por lo que presentó ayer las iniciativas de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que impulsará en la Cámara de Diputados.
La propuesta, además de homologar en todo el país el derecho a la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación, penaliza a quien obligue a una mujer a interrumpir su embarazo y se sanciona con suspensión del ejercicio profesional si el responsable de esa conducta es médico o enfermera.
Además se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, pero se obliga a garantizar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuente siempre con personal que no sea objetor y realice los procedimientos en todo momento.
La iniciativa llamada Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, sin embargo, fue planteada como propuesta integral, pues incorpora no solo el derecho a la interrupción legal del embarazo, sino un nuevo concepto: "autonomía reproductiva de las mujeres".
Este consiste en el ejercicio pleno de los derechos sexuales a través de asesoramiento, acompañamiento, finalización de los tratamientos y la obligación del Estado a operar políticas públicas con ese fin.
LOS CAMBIOS
Las propuestas contemplan cambios en cuatro artículos del Código Penal Federal, la derogación de dos en los que se penalizaba el aborto, además de adiciones a la Ley General de Salud para reconocer y garantizar los derechos sexuales.
Se propone que el personal médico y de enfermería del SNS pueda ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en una interrupción de embarazo, pero las instituciones deberán contar con personal no objetor de conciencia.
Sin embargo, a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento se le aplicará una pena de tres a seis años de prisión, y si hay violencia física o moral, de seis a ocho años de prisión. Al personal médico que provoque un aborto sin consentimiento, además de esas sanciones, se le suspenderá de dos a cinco años en su profesión.
NECESIDAD NACIONAL
Además se incluye, en artículos transitorios, el exhorto para que las legislaturas estatales armonicen sus normas conforme a los cambios a nivel federal, pues en los foros en la materia realizados en 20 entidades en la llamada "gira de la decisión", preparatoria de esas iniciativas, se detectó que esas reformas son una necesidad en todo el país.
