Al Congreso del Estado acudió el presidente del IEPC para responder a la obligación de informar. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Erogaciones improcedentes que no son susceptibles de solventación por cuatro millones 953 mil pesos, que incluyen compensaciones adicionales al salario hasta por 234 mil 377 pesos, aguinaldo de hasta 225 mil pesos, prima vacacional de hasta 48 mil 750 pesos, vacaciones de 65 mil pesos y tarjetas de regalo que van de los siete mil 515 a los 47 mil pesos, fueron evidenciadas durante la comparecencia del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Juan Enrique Kato Rodríguez.
Asimismo, el diputado de Morena Pablo César Aguilar Palacio, exhibió el pago de remuneraciones por más de tres millones de pesos, que presuntamente se dieron en bonos a los consejeros, de acuerdo a lo que comentó por su parte la diputada del PT, Claudia Julieta Domínguez, quien además pidió la renuncia del funcionario electoral.
Fue durante la ronda de preguntas y respuestas cuando se exhibieron los datos preliminares de la revisión de la Cuenta Pública 2018 que hizo la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) a este organismo autónomo, cuyos resultados aún no son públicos, ya que todavía no son puestos a disposición del Pleno; siguen en análisis al interior de la Comisión de Hacienda.
En tal sentido, vale la pena mencionar que en ninguna de las comparecencias anteriores los diputados sacaron a relucir datos de la revisión de dichas cuentas e inclusive imperaron las felicitaciones a varios secretarios y presidentes de organismos.
Esta comparecencia fue distinta y se hizo referencia al "desaseo administrativo en los estados financieros que se consideran causantes de daños a la Hacienda Pública" por un total de 18 millones 699 mil pesos.
También se hizo énfasis en la necesidad de una reducción presupuestal al IEPC.
Ven revanchismo en acusación
Las observaciones preliminares que hizo la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) a la cuenta pública 2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) son parte de un pliego al que ya se dio respuesta y se tiene la disposición de ampliar la información si la entidad auditora así lo solicita, aseguró el consejero presidente Juan Enrique Kato Rodríguez.
Refirió que este procedimiento está tutelado por los principios básicos de toda auditoría y uno de ellos es el de secreto de auditoría, ya que todavía se tienen que agotar los procedimientos. Pidió que se brinde la garantía de audiencia y presunción de inocencia para responder a los señalamientos.
Por su parte, la consejera electoral, Laura Bringas, aseguró que nunca se habían hecho observaciones a conceptos como los bonos que se otorgaron luego del proceso electoral y que se entregan por las largas jornadas de trabajo del personal.
Dijo que los gastos erogados se dieron en el marco de la legalidad, por lo que consideró que sacarlos a relucir se debió a que algunos actores políticos no quedaron conformes, luego de que no se aprobó una candidatura común entre el PTMorenaPVEM en el pasado proceso electoral, decisión que fue ratificada por los tribunales. Aunque aclaró que ésta es solo una suposición.
